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Judicial

Cárcel para quien participó en la muerte al exdirector de la cárcel Modelo en Bogotá

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Asegurado en centro carcelario hombre que habría disparado y causado la muerte al director de la cárcel la Modelo en Bogotá.

Fue imputado por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía General de la Nación presentó elementos materiales probatorios y evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad de Juan David Beltrán Torres en el crimen del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel en retiro Élmer Fernández Velasco, ocurrido el 16 de mayo de 2024, en la localidad de Barrios Unidos.

Este hombre, a bordo de una motocicleta, habría seguido el recorrido del funcionario desde el establecimiento penitenciario hasta la Avenida NQS con calle 79, donde presuntamente le propinó un disparo con arma de fuego y posteriormente escapó. Así se estableció luego de analizar más de 130 videos de cámaras de seguridad y verificar los resultados de las diferentes técnicas de policía judicial puestas en marcha.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Los cargos no fueron aceptados y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Beltrán Torres fue capturado por unidades de la Policía Nacional en el sector de Floresta La Baja, en Barrancabermeja (Santander).

Inicialmente, trató de escapar del procedimiento, pero fue alcanzado en una zona boscosa y se hizo efectiva la orden judicial que pesaba en su contra.

Por el homicidio del coronel en retiro Élmer Fernández Velasco han sido judicializadas y privadas de la libertad otras tres personas: Sharon Juliet Martínez Roa y Anyelo Cárdenas Cuca, señalados de realizar las vigilancias en inmediaciones de La Modelo para alertar los movimientos de la víctima; y Diego Alejandro Murillo quien habría transportado al hoy procesado.

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Son unos monstruos

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Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.

Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).

Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.

Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba. 

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A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.

De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.

Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.

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Judicial

Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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