Judicial
Caen 4 infiltrados de las FARC
Golpe a red de apoyo de las disidencias de las FARC que se encargaría de captar información confidencial sobre operativos de las fuerzas militares en Meta y Boyacá.
Fueron judicializados cuatro presuntos integrantes, entre los que se encuentra un teniente del Ejército Nacional, quien habría entregado información reservada sobre operaciones en contra de cabecillas de una subestructura.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar ilícito de una red al servicio de las disidencias de las Farc, de la que harían parte integrantes del Ejército Nacional, que estarían entregando información reservada sobre operativos de las Fuerzas Militares.
En una acción judicial liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en Sogamoso (Boyacá) y Villavicencio (Meta), que permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de la red de apoyo.
Se trata de Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y Juan Sebastián Tangua Corzo, teniente activo del Ejército Nacional.
A estas personas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
De acuerdo con la investigación adelantada, el teniente Tangua Corzo habría entregado información reservada y confidencial a los cabecillas de la subestructura 28 (también conocido como ‘José María Córdoba’) a través de canales digitales, a cambio de beneficios económicos.
El oficial sería un colaborador directo de uno de los cabecillas de dicha estructura criminal, e incluso habría facilitado la entrega de material bélico y apoyado la recuperación de armas en operaciones militares.
Por su parte, Ricaurte Nossa se habría encargado de administrar los recursos obtenidos por la estructura a través de extorsiones y con los que se hacían los pagos por la información confidencial de las operaciones militares.
Otoniel Forero Mosquera, sería el responsable de la logística financiera y militar en Villavicencio, recibiendo disidentes provenientes del Cauca para fortalecer las acciones armadas en Arauca y los pagos a los informantes.
El cuarto capturado fue Jhon Alexander Ortiz Sánchez, alias Ingeniero, presunto responsable de la inteligencia delictiva en Arauca, facilitando el traslado seguro de combatientes entre departamentos, así como la comercialización de armas, municiones y explosivos. Acciones delictivas que, al parecer, adelantaba desde Villavicencio.
En los procedimientos judiciales fueron incautados 11.975.000 pesos en efectivo, 14 celulares, un arma de fuego, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores, 95 cartuchos calibre 38, 730 gramos de base de coca, cuatro panelas de 3.985 gramos de clorhidrato de cocaína, así como dos libretas con manuscritos, una memoria USB, dos escrituras públicas, nueve vouchers de consignaciones y un computador portátil.
Judicializados presuntos responsables de crimen de dos menores de edad en Malambo (Atlántico).
Las víctimas de 14 y 17 años fueron encontradas sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego y signos de asfixia.
Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de dos hermanas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en zona rural de Malambo (Atlántico), permitieron identificar y judicializar a Juan David Taboada Olivera y a un joven de 17 años.
Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero.
Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría.
Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas.
Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición judicial, el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.
La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.
Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por presuntamente direccionar un contrato en favor de una persona cercana.
El funcionario habría ordenado al presidente de una empresa filial a la estatal petrolera asignar un proyecto gasífero en La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.
En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado.
Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.
La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.
El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Afectado grupo delincuencial señalado de diseñar huellas decadactilares de látex para suplantar personas y solicitar créditos de manera fraudulenta.
Seis personas fueron judicializadas, entre ellas la asesora de una entidad bancaria. Ibagué (Tolima), La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener créditos de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.
Se trata de Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.
Estas personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos como la recopilación de datos de las víctimas y de las cartas dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con esta información, presuntamente elaboraban huellas de látex y cédulas falsas con las fotografías de los posibles integrantes de la red delincuencial, con el propósito de superar los controles biométricos de entidades financieras.
De esta manera, Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, al parecer, facilitaba la aprobación de las tarjetas de crédito y otros productos.
La labor investigativa permitió conocer y asociar 25 hechos delictivos en los que fueron apropiados 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con las presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.
Cuatro de los procesados aceptaron cargos.
Por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
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