Judicial
Ayudaba a delincuentes desde un banco
Judicializada empleada de entidad bancaria que habría facilitado información de usuarios financieros a una red dedicada a la extorsión carcelaria.
Las personas que recibían créditos eran contactadas vía telefónica e intimidadas en medio de exigencias de dinero.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a quien sería el principal enlace de una red delincuencial dedicada a la denominada extorsión carcelaria. Se trata de Queila Maryuri Orozco Trujillo, la empleada de un banco de La Dorada (Caldas) señalada de suministrar información relevante sobre potenciales víctimas.
La mujer presuntamente entregaba datos de los clientes de la sucursal en la que trabajaba a integrantes del grupo ilegal, que permanecían privados de la libertad en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana.
Con los detalles que recibían suplantaban a las personas y tramitaban créditos a su nombre. Posteriormente, la empleada bancaria, al parecer, alertaba al cabecilla de la red sobre el momento exacto en el que el dinero solicitado era desembolsado a la cuenta del usuario financiero.
De tal manera que era contactado inmediatamente vía telefónica e intimidado en medio de extorsiones.
El material probatorio da cuenta de que Orozco Trujillo tuvo más de 670 comunicaciones con el detenido articulador de la estructura delictiva, en las que habría dado información de sus clientes. Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. La procesada no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de domicilio
Acusado presunto responsable de estafar a 41 familias campesinas con falsas promesas de adjudicación de tierras.
Es señalado de hacerse pasar por intermediario ante entidades del Estado para ofrecer supuestos trámites de restitución y adjudicación de predios rurales.
La Fiscalía General de la Nación corrió traslado de escrito de acusación a Jairo Ramón Agámez Ortiz como presunto responsable de estafar, a por lo menos, 41 personas con supuestos trámites y facilidades para acceder a tierras y lotes administrados por el Estado en zonas rurales de Caldas, Tolima y Antioquia.
Este hombre es señalado de hacerse pasar por presidente de una asociación que realizaba labores de restitución y adjudicación de predios.
Además, aseguraba actuar como intermediario ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras para generar confianza en las víctimas y convencerlas de confiar su dinero.
De esta manera habría convencido a familias campesinas de entregarle 52 millones de pesos por concepto de afiliaciones, gastos administrativos, trámites y pólizas, sin que existiera sustento real para las gestiones ofrecidas.
Agámez Ortiz fue vinculado formalmente por el delito de estafa agravada en modalidad de masa.
El procesado aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
Entre tanto, la investigación avanza para identificar a más personas afectadas en otras regiones del país.
En evidencia grupo delincuencial señalado de facilitar el ingreso y salida de migrantes por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
La red estaría conformada por particulares y cuatro funcionarios de Migración Colombia señalados de facilitar el tránsito de los extranjeros por la terminal aérea sin pasar por los filtros migratorios.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), puso en evidencia a un grupo delincuencial que sería el responsable de facilitar el ingreso y la salida irregular de ciudadanos chinos, mexicanos y vietnamitas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Cuatros de los presuntos integrantes de la red ilegal fueron capturados y judicializados. Se trata de los agentes de Migración Colombia Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero.
Estas personas son señaladas de aprovechar sus cargos para trasladar a los extranjeros por la terminal aérea sin cruzar los filtros de migración o llevarlos hasta los puestos de Migración Colombia y permitirles el tránsito diligenciando información falsa en los sistemas misionales de la entidad, eliminando filtros para validar el paso u omitiendo caprichosamente la verificación de la información.
Los elementos materiales probatorios indican que los funcionarios también habrían utilizado pasaportes de otros ciudadanos para registrar a los migrantes sin que estuvieran presentes físicamente en los módulos.
En el curso de la investigación fueron acreditados 11 eventos delictivos en los que los agentes, al parecer, actuaron sin estar de turno ni habilitados para ejercer funciones, y permitieron el tránsito de extranjeros que salían del país con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica.
Por lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público.
Adicionalmente, a Cerón Reyes se le formuló el cargo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en el entendido de que le fue encontrada munición para pistola sin autorización para su tenencia durante el procedimiento de captura realizado en un inmueble de Bogotá.
Por disposición del juez penal de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Condenado intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay
Simeón Pérez Marroquín fue contactado para organizar todo lo relacionado con el atentado y entregó el arma con la que se ejecutó el crimen.
En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
Una juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 22 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En el curso de la investigación se conoció que esta persona fue contactada para planear el ataque. En ese sentido, encomendó la articulación del plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.
Adicionalmente, alias El Viejo realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.
Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad.
Posteriormente, una semana después del ataque, el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc.
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