Judicial
A juicio empresarios por financiar las extintas AUC
Son señalados de entregarle al frente Arlex Hurtado tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Las contribuciones habrían ascendido a 33.292 millones de pesos. Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Compulsa de la Dirección de Justicia Transicional, profirió resolución de acusación en contra de 14 productores y representantes de exportadoras de banano que habrían financiado el actuar criminal del frente Arlex Hurtado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Estas personas, al parecer, pagaron a la estructura paramilitar tres centavos de dólar por cada caja de banano que salía del país a los mercados internacionales.
A cambio, los cabecillas del grupo armado ilegal se comprometieron a brindarles seguridad y permitirles continuar con la operación comercial en el Urabá antioqueño.
Los elementos de prueba indican que los aportes ilícitos presuntamente se realizaron entre 1996 y 2004, y superaron los 33.292 millones de pesos.
Los desembolsos se habrían hecho a la denominada ‘Convivir Papagayo’, la cual era gestionada por Alberto Osorio Mejía, condenado a 4 años de prisión en 2009; y Arnulfo Peñuela Marín, sentenciado a 6 años de prisión, en 2010, luego de comprobarse sus nexos con el frente Arlex Hurtado de las AUC.
En atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), la Fiscalía acusó a los 14 empresarios por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad.
Los afectados con la decisión son: Óscar Enrique Penagos Garcés, Carlos Sergio Nicolás Echavarría Mesa, Santiago Antonio Uribe López, José Gentil Silva Holguín, Rosalba Zapata Cardona, Iván Darío Mejía Restrepo, Fabio León Restrepo Villegas, Javier Francisco Restrepo Girona, Óscar Luis Aristizábal Vahos, Jaime Restrepo Marulanda, Alberto León Mejía Zuluaga, Jaime Mauricio Restrepo Arango, Diego Andrés J. Restrepo Londoño y James Leaver Wagner.
En esta administración de la Fiscalía General de la Nación se logró la vinculación de los procesados, se les resolvió la situación jurídica y se logra la acusación.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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