Judicial
A juicio empresarios por financiar las extintas AUC
Son señalados de entregarle al frente Arlex Hurtado tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Las contribuciones habrían ascendido a 33.292 millones de pesos. Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Compulsa de la Dirección de Justicia Transicional, profirió resolución de acusación en contra de 14 productores y representantes de exportadoras de banano que habrían financiado el actuar criminal del frente Arlex Hurtado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Estas personas, al parecer, pagaron a la estructura paramilitar tres centavos de dólar por cada caja de banano que salía del país a los mercados internacionales.
A cambio, los cabecillas del grupo armado ilegal se comprometieron a brindarles seguridad y permitirles continuar con la operación comercial en el Urabá antioqueño.
Los elementos de prueba indican que los aportes ilícitos presuntamente se realizaron entre 1996 y 2004, y superaron los 33.292 millones de pesos.
Los desembolsos se habrían hecho a la denominada ‘Convivir Papagayo’, la cual era gestionada por Alberto Osorio Mejía, condenado a 4 años de prisión en 2009; y Arnulfo Peñuela Marín, sentenciado a 6 años de prisión, en 2010, luego de comprobarse sus nexos con el frente Arlex Hurtado de las AUC.
En atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), la Fiscalía acusó a los 14 empresarios por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad.
Los afectados con la decisión son: Óscar Enrique Penagos Garcés, Carlos Sergio Nicolás Echavarría Mesa, Santiago Antonio Uribe López, José Gentil Silva Holguín, Rosalba Zapata Cardona, Iván Darío Mejía Restrepo, Fabio León Restrepo Villegas, Javier Francisco Restrepo Girona, Óscar Luis Aristizábal Vahos, Jaime Restrepo Marulanda, Alberto León Mejía Zuluaga, Jaime Mauricio Restrepo Arango, Diego Andrés J. Restrepo Londoño y James Leaver Wagner.
En esta administración de la Fiscalía General de la Nación se logró la vinculación de los procesados, se les resolvió la situación jurídica y se logra la acusación.
Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander
Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.
Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.
En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
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