Judicial
A juicio empresarios por financiar las extintas AUC
Son señalados de entregarle al frente Arlex Hurtado tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Las contribuciones habrían ascendido a 33.292 millones de pesos. Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Compulsa de la Dirección de Justicia Transicional, profirió resolución de acusación en contra de 14 productores y representantes de exportadoras de banano que habrían financiado el actuar criminal del frente Arlex Hurtado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Estas personas, al parecer, pagaron a la estructura paramilitar tres centavos de dólar por cada caja de banano que salía del país a los mercados internacionales.
A cambio, los cabecillas del grupo armado ilegal se comprometieron a brindarles seguridad y permitirles continuar con la operación comercial en el Urabá antioqueño.
Los elementos de prueba indican que los aportes ilícitos presuntamente se realizaron entre 1996 y 2004, y superaron los 33.292 millones de pesos.
Los desembolsos se habrían hecho a la denominada ‘Convivir Papagayo’, la cual era gestionada por Alberto Osorio Mejía, condenado a 4 años de prisión en 2009; y Arnulfo Peñuela Marín, sentenciado a 6 años de prisión, en 2010, luego de comprobarse sus nexos con el frente Arlex Hurtado de las AUC.
En atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), la Fiscalía acusó a los 14 empresarios por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad.
Los afectados con la decisión son: Óscar Enrique Penagos Garcés, Carlos Sergio Nicolás Echavarría Mesa, Santiago Antonio Uribe López, José Gentil Silva Holguín, Rosalba Zapata Cardona, Iván Darío Mejía Restrepo, Fabio León Restrepo Villegas, Javier Francisco Restrepo Girona, Óscar Luis Aristizábal Vahos, Jaime Restrepo Marulanda, Alberto León Mejía Zuluaga, Jaime Mauricio Restrepo Arango, Diego Andrés J. Restrepo Londoño y James Leaver Wagner.
En esta administración de la Fiscalía General de la Nación se logró la vinculación de los procesados, se les resolvió la situación jurídica y se logra la acusación.
Radicado escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, señalado cabecilla de una red que favorecía el contrabando.
Deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando al país y corromper funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal.
La diligencia de formalización de la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer se realizará en la fecha que disponga el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que le correspondió por reparto el proceso.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.
El 24 de enero del año en curso una juez de control de garantías de Bogotá declaró en contumacia al hoy procesado, luego de no atender tres citaciones y manifestar su intención de no comparecer ante la justicia colombiana.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía afecta a red delictiva señalada de gestionar visas estadounidenses con información falsa.
Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024.
Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias.
De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).
La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.
Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.
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