Judicial
Torturó y secuestró una menor en Santa Marta
Canadiense, propietario de un hostal en Santa Marta, fue judicializado por el presunto secuestro y tortura a una menor de edad.
El extranjero habría aprovechado su condición de propietario de un hostal para retener en un cuarto a la víctima, a quien, además, se cree, sometió a maltratos físicos.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización del ciudadano canadiense Andy Asselin, quien habría retenido ilegalmente a una menor de 13 años en un hostal de su propiedad, ubicado en Santa Marta (Magdalena).
Por estos hechos el hombre fue imputado por el delito de secuestro simple agravado, cargo que no aceptó.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Magdalena con apoyo de la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes, evidenció que el 26 de abril de 2024 la víctima habría sido secuestrada y torturada por dos personas, una de ellas Asselin, de 29 años por, supuestamente, haber tomado sin permiso algunos objetos del hostal.
La evidencia física recaudada permitió determinar que la víctima, al parecer, fue llevada por la fuerza a una de las habitaciones del lugar, donde fue amarrada de pies y manos, y sometida a tratos degradantes.
La detención del extranjero se logró en medio de un procedimiento de rutina adelantado en un puesto de control instalado por la policía de turismo en la terminal de transportes de Cartagena.
Durante los procedimientos de rigor, los uniformados se percataron de la existencia de una circular azul y orden de captura expedida por Interpol en contra de Asselín.
Un juez de control de garantías le impuso al procesado medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía afecta a red delictiva señalada de gestionar visas estadounidenses con información falsa.
Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024.
Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias.
De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).
La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.
Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.
Afectados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían a red delictiva señalada de desviar sustancias químicas para procesar estupefacientes.
Una empresa de pinturas en habría sido utilizada para mover de manera ilegal insumos desde Bogotá a las zonas de producción de cocaína en Norte de Santander.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 2 inmuebles y 1 vehículo, y medidas jurídicas a 1 sociedad y 3 establecimientos de comercio que harían parte del patrimonio ilícito de un grupo delincuencial dedicado a desviar sustancias controladas a zonas de procesamiento de estupefacientes.
En el curso de la investigación se estableció que los bienes, que superan en valor los 5.000 millones de pesos, habrían sido destinados por la representante legal de una empresa de pinturas usada como fachada para obtener insumos químicos a gran escala con operaciones ficticias y moverlos ilegalmente de Bogotá a laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander.
Las propiedades identificadas fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Chinácota y Villa del Rosario (Norte de Santander), y Bogotá.
Algunos de los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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