Judicial
Torturó y secuestró una menor en Santa Marta
Canadiense, propietario de un hostal en Santa Marta, fue judicializado por el presunto secuestro y tortura a una menor de edad.
El extranjero habría aprovechado su condición de propietario de un hostal para retener en un cuarto a la víctima, a quien, además, se cree, sometió a maltratos físicos.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización del ciudadano canadiense Andy Asselin, quien habría retenido ilegalmente a una menor de 13 años en un hostal de su propiedad, ubicado en Santa Marta (Magdalena).
Por estos hechos el hombre fue imputado por el delito de secuestro simple agravado, cargo que no aceptó.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Seccional Magdalena con apoyo de la Unidad Especial de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes, evidenció que el 26 de abril de 2024 la víctima habría sido secuestrada y torturada por dos personas, una de ellas Asselin, de 29 años por, supuestamente, haber tomado sin permiso algunos objetos del hostal.
La evidencia física recaudada permitió determinar que la víctima, al parecer, fue llevada por la fuerza a una de las habitaciones del lugar, donde fue amarrada de pies y manos, y sometida a tratos degradantes.
La detención del extranjero se logró en medio de un procedimiento de rutina adelantado en un puesto de control instalado por la policía de turismo en la terminal de transportes de Cartagena.
Durante los procedimientos de rigor, los uniformados se percataron de la existencia de una circular azul y orden de captura expedida por Interpol en contra de Asselín.
Un juez de control de garantías le impuso al procesado medida de aseguramiento en centro carcelario.
Judicializada exalcaldesa del resguardo indígena Inga, por presuntamente apropiarse de recursos para reconstruir el acueducto de su comunidad
La procesada se habría apropiado, en 2018, de 130 millones de pesos dispuestos para la reconstrucción del sistema de acueducto de la comunidad Inga. Mocoa (Putumayo), 13 de enero de 2025.
Ante un juez con función de control de garantías de Puerto Asís (Putumayo), la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de peculado por apropiación a Nidia Marizabel Becerra Marín, exalcaldesa del resguardo indígena Inga, ubicado en este departamento.
La exmandataria es investigada porque en 2018, al parecer, se apropió de 130 millones de pesos, dispuestos para la reconstrucción del sistema de acueducto de su comunidad.
El material probatorio aportado evidenció que Becerra Marín no explicó como invirtió dicho dinero.
Labores de policía judicial evidenciaron que el dinero, que se encontraba en una entidad financiera, habría sido retirado de manera gradual por Becerra Marín.
Para esto, se cree, recurrió a cheques en los que aparecía su firma como titular de la cuenta.
Esta situación fue confirmada en los extractos que solicitaron las directivas de la comunidad indígena al banco.
Por estos hechos, uniformados de la Policía Nacional capturaron a la ahora procesada en Orito (Putumayo).
En desarrollo de las audiencias concentradas, la mujer no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
En Tolima fue asegurado presunto responsable del asesinato de su pareja sentimental
El cuerpo de la víctima fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un canal de aguas lluvias.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre, presuntamente responsable de causar la muerte de su compañera sentimental, de 45 años.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 21 de diciembre en inmediaciones de la Arboleda del Campestre en Ibagué (Tolima).
Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Tolima imputó al procesado los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
La Fiscalía determinó que poco antes del crimen la mujer había sostenido una fuerte discusión con el presunto agresor quien, se cree, la cuestionó por una situación que se habría presentado en una reunión con sus compañeros de trabajo.
La víctima sufrió heridas causadas con un objeto contundente, al parecer, el casco usado por el investigado para conducir motocicleta.
Según la investigación, con el aparente propósito de evadir la justicia, el judicializado habría arrojado el cuerpo de la mujer a un caño.
Los familiares de la víctima denunciaron su desaparición por lo que de inmediato fue activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), logrando hallarlo en avanzado estado de descomposición en la glorieta del Rodeo en Ibagué (Tolima).
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en coordinación con el Ejército y la Policía Nacional, capturaron el pasado 7 de enero al ahora imputado, en la vereda Buenos Aires, en zona rural de capital tolimense.
En desarrollo del procedimiento, fueron incautadas una motocicleta, una mochila que pertenecería a la víctima y dos celulares.
El investigado no aceptó su responsabilidad en los hechos atribuidos por la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Fiscalía judicializa a presunto responsable de asesinar un recluso al interior de cárcel la picota de Bogotá.
El procesado habría agredido a la víctima con un arma cortopunzante, en un posible hecho de intolerancia.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías de Bogotá a Samuel Zuleta Márquez, investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano.
Los hechos se presentaron el pasado 2 de enero en una celda del pabellón 32 de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de la capital del país.
La Fiscalía evidenció que el crimen ocurrió al interior de una celda donde departían el presunto agresor, la víctima y otros internos.
Allí, Zuleta Márquez, en lo que sería un hecho de intolerancia, habría herido a Correa Galeano en el tórax con un arma cortopunzante, causándole la muerte.
Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado.
Una vez se tuvo conocimiento del crimen, la Fiscalía desplegó un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que adelantó los actos urgentes y recopiló los elementos materiales probatorios respectivos, para determinar la posible responsabilidad del procesado que actualmente cumple una condena por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La Fiscalía General de la Nación avanza en el desarrollo de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el imputado.
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