Noticias Nacionales
“Sector de combustibles líquidos requiere la creación de un Consejo Nacional de Operación para fortalecer el abastecimiento nacional”: Frank Pearl
· Diferentes eventos pusieron en riesgo la distribución de combustibles líquidos en Colombia en 2024 y demostraron la necesidad de lograr una coordinación estructurada entre todos los actores para garantizar el suministro.
· Es imprescindible habilitar mecanismos, como el Centro Nacional de Operación y los almacenamientos estratégicos, y habilitar importaciones para fortalecer la continuidad y confiabilidad del abastecimiento y atender la demanda que se mantiene en crecimiento.
· Durante 2024, la cadena de distribución de combustibles líquidos generó ingresos a la Nación y a las regiones por $9,1 billones, y más de 264 mil empleos.
Las crecientes dificultades de conflictividad social y orden público, entre otros factores que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país, exigen acciones estructurales y de mayor coordinación para mantener la continuidad y confiabilidad del suministro; esta es la principal conclusión del informe económico “Combustibles líquidos: energía de hoy y mañana”, que presentó la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
En 2024, se registraron147 bloqueos a plantas y vías, más de 300 válvulas ilícitas en poliductos y más de 40 atentados a oleoductos. En este contexto, la ACP propone la creación de un Consejo Nacional de Operación (CNO) para el abastecimiento de combustibles líquidos, como una instancia que propendería por una mejor planeación y coordinación tanto de la operación recurrente como ante cualquier eventualidad y en escenarios con mayores requerimientos de importación, en la que todos los agentes de la cadena son corresponsables del garantizar el suministro.
La creación de este CNO esta es una de las principales propuestas y prioridades planteadas en el informe, el cual registra el contexto del sector en 2024 y las expectativas a 2030, así como una hoja de ruta para la seguridad energética en combustibles, producto de la visión de un grupo representativo de agentes de toda la cadena: refinador, transportador, empresas distribuidoras mayoristas y gremios representantes de los minoristas y consumidores finales.
“La distribución de combustibles líquidos es un servicio público esencial y la columna vertebral de la movilidad en el país. Para garantizar su continuidad, debemos trabajar de manera articulada y estructurada, anticipándonos a los desafíos operativos y de abastecimiento que actualmente enfrentamos, pues los combustibles líquidos además de garantizar derechos fundamentales también respaldan el 6% de la matriz eléctrica del país, por ejemplo, el año anterior sostuvieron la generación térmica nacional y evitaron el riesgo de racionamiento de energía”, afirmó Frank Pearl, presidente de la ACP.
Además de la creación del Consejo Nacional de Operación, de acuerdo con los agentes de la cadena, será necesario avanzar en la habilitación de importaciones de manera estructurada, desarrollar los proyectos de poliductos y almacenamientos estratégicos, promover la libre competencia y aumentar la mezcla de biocombustibles y desarrollo del combustible sostenible de aviación (SAF), agregó Pearl.
Demanda se mantiene en crecimiento
De acuerdo con el Informe, el consumo total de combustibles líquidos (gasolinas, diésel y jet) en 2024 creció un 0,6% respecto a 2023, promediando 347 KBD9 (miles de barriles día). La demanda de diésel aumentó 5,2% y la del combustible de aviación (jet A1) un 9,5%, evidenciando que es el combustible con mayor potencial de crecimiento para los próximos años; mientras el consumo de gasolinas (corriente y extra) cayó 5,9%. Así que, teniendo en cuenta la capacidad de refinación del país y los eventos coyunturales presentados, fue necesaria la importación del 39% de la demanda de gasolina corriente, el 8% de la de diésel y el 2,4% de jet A-1.
Hacia adelante, la demanda total crecería, en promedio, al 1,2% en 2025 y al 1,8% promedio anual en el mediano plazo (2026-2030). Lo cual, considerando la capacidad actual de producción, implicará importaciones estructurales: en gasolina de hasta del 35% entre 2025 y 2030; en diésel, hasta del 10% entre 2027 y 2030; y en jet, hasta del 16% entre 2025 y 2030; proyección que no tiene en cuenta las importaciones coyunturales que se puedan requerir para asegurar el abastecimiento ante eventos de fuerza mayor, cambios en las condiciones operativas de las refinerías y/o mantenimientos.
$9,1 billones de aportes fiscales
Según cálculos de la ACP, en 2024, las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos representaron el 1,5% del PIB, generaron 264 mil empleos, y los impuestos al consumo de gasolinas y diésel representaron $9,1 billones de ingresos fiscales, de los cuales $5,2 billones al Gobierno nacional, y $3,9 billones a las entidades territoriales.
Finalmente, Frank Pearl, presidente de la ACP, reiteró que “el abastecimiento confiable, continuo y eficiente de combustibles líquidos es fundamental para la seguridad energética de Colombia, para la estabilidad económica, el bienestar social y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, al viabilizar el funcionamiento de vehículos particulares, transporte público y de carga, aviones, barcos, y actividades críticas como el transporte de alimentos, insumos médicos y ambulancias”.
• Quedan alrededor de 70 pozos por explorar entre 2026 y 2030, sin nuevos incentivos a la exploración se pondría fin a esta actividad en el país en el mediano plazo. En 2025, la inversión exploratoria caería 18%, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cuatro años.
• La inversión en producción crecería un 15% en 2025, con foco en mantener la producción de campos maduros. Sin nuevas exploraciones este impulso sería temporal y cada vez más costoso.
• La conflictividad social en las regiones donde se opera aumentó un 151% en 2024, impactando el desarrollo de los proyectos y sus contribuciones a los territorios y la seguridad energética del país.
• Las medidas propuestas por la ACP buscan revertir la caída exploratoria, aumentar la producción y garantizar la autosuficiencia energética, basada en inversión, competitividad y adición de fuentes.
Frank Pearl, presidente de la ACP
Bogotá, D.C. 29 de mayo de 2025. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico anual ‘Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico’. Este análisis revela señales preocupantes sobre el agotamiento de la actividad exploratoria si no se cambia el rumbo, el deterioro del entorno operativo y un riesgo creciente para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de los hogares colombianos.
Ante este escenario, el gremio propone medidas para recuperar la competitividad y la autosuficiencia energética del país.
Exploración: actividad en cuenta regresiva El informe, basado en datos oficiales y de empresas que representan el 95% de la producción nacional de petróleo y el 96% de la de gas natural, advierte que, solo restan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos contractualmente para ser perforados entre 2026 y 2030.
Si no se toman medidas de impulso, Colombia agotará su actividad exploratoria al final de esta década, lo cual pondría al país en una situación crítica, sin nuevos descubrimientos que garanticen la reposición de reservas ni una base sólida para la sostenibilidad energética futura.
En 2025, la inversión en exploración caería un 18%, su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Esta reducción ocurre en un contexto en el que las reservas probadas de gas han caído un 57% en los últimos diez años y se vislumbra una caída acelerada de la producción de petróleo a partir de 2027.
PRODUCCIÓN: MÁS INVERSIÓN PARA MANTENER VOLÚMENES
Si bien la inversión en producción crecería un 15% en 2025, este impulso será transitorio si no se desarrollan nuevos proyectos.
Para 2025, en petróleo se estima una producción de entre 760 y 770 mil barriles promedio día (kbpd), similar a los 772 kbpd de 2024. Y en gas, para 2025 una producción comercializada de gas nacional de 905 millones de pies cúbicos día (MPCD), frente a 958 MPCD de 2024.
“Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas, no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas, esto es un doble desafío para la autosuficiencia energética”, señaló Frank Pearl, presidente de la ACP.
Entorno territorial y presión fiscal En 2024, los bloqueos a las operaciones del sector aumentaron un 151%, en un entorno de creciente conflictividad social y deterioro del orden público en las regiones donde se opera, afectando tanto el desarrollo de los proyectos como sus contribuciones a los territorios y a la seguridad energética del país.
A esta situación se suma el déficit fiscal proyectado de $40 billones como consecuencia de la reducción en la producción de petróleo en el mediano plazo, el posible incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de gas si se llega a importar la mitad de la demanda por falta de nueva oferta, y la necesidad identificada de aumentar las importaciones de crudo para mantener la operación de las refinerías, principalmente, en el interior del país, lo que encarecería la producción de combustibles líquidos.
MEDIDAS PROPUESTAS: condiciones para invertir y producir La ACP propone una serie de medidas para reactivar el sector que combinan estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad a proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.
1. Viabilidad operacional: – Optimización de consultas previas con acompañamiento institucional en las operaciones. – Estabilidad en requisitos ambientales. – Coordinación estatal para gestionar conflictividad y asegurar el orden público.
2. Seguridad jurídica, fiscal y confianza inversionista: – Definir una carga tributaria competitiva para el sector. – Reducir la tarifa de autorretención de gas en escenario de déficit como el actual. – Mesas técnicas para la nueva resolución de telemetría de la ANH.
3. Impulso a proyectos de gas y desarrollo costa afuera: – Acompañar y viabilizar los proyectos asegurando sus trámites socioambientales. – Priorización de 116 consultas previas para construcción de gasoducto submarino. – Expedición de licencia ambiental para infraestructura submarina y terrestre. – Optimización de la capacidad del sistema de transporte de gas (ejecución obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural y metodología de remuneración).
4. Eficiencia operativa: – Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados. – Aplazamiento de la entrada en vigor (3 de junio) del SICETAC para carga líquida.
5. Estímulo a producción incremental: – Expedición de la Resolución del Ministerio de Minas y Energía con incentivos a recobro mejorado y producción incremental. – Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025)
6. Adición de fuentes de energía: – Asegurar la complementariedad entre renovables y convencionales. – Gradualidad en la transición.
7. Competitividad para impulsar exploración y producción: ronda permanente de asignación de áreas por iniciativa privada.
8. Yacimientos No Convencionales: reactivación del desarrollo de los proyectos aprovechando que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.
“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos: Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado, la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, finalizó el presidente de ACP.
Minsalud y Supersalud emiten circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios trámites administrativos y autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud.
• La medida es de obligatorio cumplimiento por parte de entidades territoriales, EPS, prestadores y proveedores de tecnologías en salud para los servicios de urgencias, atención de cáncer en niños y adultos, atención de VIH/SIDA, para la prestación o provisión de servicios de salud y tecnologías en las Rutas de Atención Integral, RIAS, y poblaciones con condiciones de salud priorizadas por su situación en salud o por definición de política pública.
Bogotá, 29 de mayo de 2025. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud emitieron circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios del sistema de salud la carga de autorizaciones, en la atención de enfermedades crónicas y de alto costo como por ejemplo el cáncer y el VIH/SIDA.
La medida es reiterativa y busca el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto Ley 019 de 2012 y sus posteriores modificaciones, en lo que respecta a la prohibición de trasladar al usuario del sistema de salud el trámite de autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud para la atención de urgencias, de cáncer, VIH/SIDA y poblaciones priorizadas por la política pública.
En el último año, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, se presentaron 76.404 reclamaciones a EPS por autorizaciones de servicios de salud a pacientes crónicos y de alto costo, 26,445 casos correspondieron a pacientes enfermos de cáncer, lo que representa el 34.61% de los reclamos, y 21.896 a pacientes con enfermedades cardiovasculares, que equivalen al 28,67% de las quejas por esta causa.
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, dijo: “la circular conjunta reitera a actores del sistema de salud que no debe haber dificultades, ni procesos administrativos que generen barreras de acceso a los usuarios del sistema de salud, ni a los pacientes”.
Álvaro Leyva, excanciller de Colombia, denunció amenazas contra su vida y la de su familia después de enviar dos cartas al presidente Gustavo Petro, en las que lo acusa de tener una grave adicción a las drogas. Según Leyva, Petro reaccionó de manera agresiva y lo ha expuesto a él y a su familia a amenazas.
Detalles de la Denuncia:
– Amenazas: Leyva asegura que han recibido amenazas por desconocidos en varias oportunidades después de publicar las cartas.
– Persecución Judicial: Afirma que hay personas intrigando para conseguir hacerle daño en lo administrativo y lo penal, buscando imputarle algún delito.
– Instancias Internacionales: Leyva anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar esta “violenta persecución personal y familiar” y responsabiliza directamente al presidente Petro por cualquier cosa que les ocurra a él o a su familia.
Reacción del presidente Petro:
– Agresividad: Leyva asegura que Petro ha reaccionado de manera agresiva contra él y su familia.
– Supuesto Complot: Petro había mencionado que Leyva estaría organizando un complot junto con el representante estadounidense Mario Díaz-Balart.¹ ²
Próximos Pasos:
– Tercera Carta: Leyva anticipó que enviará una tercera carta al presidente Petro, la cual también hará pública.
– Denuncia Internacional: Leyva buscará apoyo internacional para proteger su seguridad y derechos fundamentales.
-
Judicial4 semanas agoCondenado por agredir a una exregistradora en Gamarra Cesar
-
Judicial6 días agoCayó alias El Flaco, uno de los señalados responsables del denominado ‘plan pistola’ contra la Fuerza Pública
-
Meta3 semanas agoNada que aparecen los secuestrados
-
Judicial4 semanas agoTenía un matadero clandestino en Bogotá
-
Judicial3 semanas agoPrestaron sus cuentas personales para hurto por 1.400 millones de pesos
-
Judicial4 semanas agoGraves delitos por transfobia
-
Judicial3 semanas agoLa estrategia de los narcotraficantes
-
Judicial4 semanas agoLa mona perversa