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Se suspende cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las FARC.
“Valoramos la decisión del Gobierno Nacional de firmar el decreto que ordena la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central”, señaló el Defensor del Pueblo.
No obstante, el Defensor del Pueblo recuerda que la entidad de derechos humanos ha venido advirtiendo que los ceses bilaterales, a partir de como fueron concebidos, les han dado una ventaja a las organizaciones armadas ilegales, pues han fortalecido sus acciones, su expansión y control en los territorios.
Es urgente, asegura Carlos Camargo Assis, revisar los efectos derivados de la estrategia sobre los ceses ordenados por el Gobierno, máxime que el nuevo ataque del grupo guerrillero disidente de las Farc, que dejó como saldo una lideresa indígena fallecida y dos heridos, es la consecuencia de la falta de condiciones estrictas y verificación efectiva de los altos al fuego.
“Valoramos la decisión del Gobierno Nacional de firmar el decreto que ordena la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, como consecuencia del ataque indiscriminado contra la población civil en Toribío, Cauca”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Sin embargo, el Defensor considera preciso anotarlo: “Hemos advertido en un número importante de oportunidades que los ceses bilaterales, tal como fueron acordados, en realidad se han convertido en una ventaja para los grupos armados al margen de la ley, ya que han venido fortaleciendo su accionar, expandiendo su control y dominio territorial y poniendo en grave riesgo a la población”.
El hecho, ocurrido en el sitio conocido como La Bodega, zona rural del municipio, dejó como saldo el fallecimiento de la lideresa indígena y adulta mayor Carmelina Yule Pavi, autoridad del resguardo indígena del pueblo Nasa en Toribío, quien se encontraba reunida en el lugar con integrantes de su comunidad cuando fueron víctimas de tan cobarde ataque armado, que también dejó dos personas heridas.
Lo sucedido, que se constituye en una grave infracción al derecho internacional humanitario, fue repudiado por el Defensor. “Así mismo, el nuevo ataque del Estado Mayor Central es la consecuencia de la falta de condiciones estrictas y verificación efectiva de los ceses al fuego. Por tal razón, es urgente revisar los efectos que está generando la estrategia de ceses bilaterales del Gobierno”, llama Carlos Camargo Assis.
El nuevo suceso de alteración del orden público se suma al incremento de más del 300% en las cifras del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en el país, que especialmente ha afectado al departamento del Cauca y sus comunidades indígenas.
“Recalcamos lo indicado en nuestras Alertas Tempranas 005 de este año y 036 del 2023 y sus posteriores oficios de consumación: es imperativo que las organizaciones armadas ilegales respeten el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de proporcionalidad y precaución, así como de distinción, teniendo en cuenta que en la actualidad sus ataques parecieran estar dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que las comunidades no permitan la presencia estatal, especialmente de la fuerza pública en zonas rurales”, señala el Defensor del Pueblo.
Camargo Assis también reitera el llamado a los grupos armados ilegales a demostrar con acciones de no agresión su buena voluntad para que los diálogos de paz prosperen: “Con la finalidad de evitar que se siga incrementando la vulneración de derechos humanos en el país”.
Finalmente, con la suspensión del cese al fuego, solo para tres departamentos (Nariño, Cauca y Valle del Cauca), es necesario recordar los vasos comunicantes entre los grupos armados, las franquicias que se negocian y los fenómenos de delincuencia por encargo, que van más allá de aspectos de división geopolítica. “Habría que declarar una suspensión del cese al fuego total hasta tanto los grupos armados ilegales muestren una voluntad real de querer hacer la paz”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Así lo dio a conocer mediante un Pronunciamiento sobre situación en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo:
Nuevamente, el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos que hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá, hechos que ya habían sido advertidos en la AT 001 de enero de este año.
Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc, Bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá Córdoba y Bloque Amazonas al mando de alias Ivàn Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio aledañas de San José del Guaviare.
Desde el pasado 26 de mayo de 2025, la comunidad que habita y transita por la conocida “Trocha Ganadera”, que conecta a cerca de 60 veredas y aproximadamente 10.000 personas, ha sido víctima de confinamiento, derivado de la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.
Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
De manera alarmante, la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.
Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la Alerta Temprana 001 de 2025. En comunicación del sábado 31 de mayo dirigida al Ministerio del Interior, le pedimos al Gobierno Nacional:
● La convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.
● La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.
● La adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales.
Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación.
• Quedan alrededor de 70 pozos por explorar entre 2026 y 2030, sin nuevos incentivos a la exploración se pondría fin a esta actividad en el país en el mediano plazo. En 2025, la inversión exploratoria caería 18%, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cuatro años.
• La inversión en producción crecería un 15% en 2025, con foco en mantener la producción de campos maduros. Sin nuevas exploraciones este impulso sería temporal y cada vez más costoso.
• La conflictividad social en las regiones donde se opera aumentó un 151% en 2024, impactando el desarrollo de los proyectos y sus contribuciones a los territorios y la seguridad energética del país.
• Las medidas propuestas por la ACP buscan revertir la caída exploratoria, aumentar la producción y garantizar la autosuficiencia energética, basada en inversión, competitividad y adición de fuentes.
Bogotá, D.C. 29 de mayo de 2025. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico anual ‘Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico’. Este análisis revela señales preocupantes sobre el agotamiento de la actividad exploratoria si no se cambia el rumbo, el deterioro del entorno operativo y un riesgo creciente para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de los hogares colombianos.
Ante este escenario, el gremio propone medidas para recuperar la competitividad y la autosuficiencia energética del país.
Exploración: actividad en cuenta regresiva El informe, basado en datos oficiales y de empresas que representan el 95% de la producción nacional de petróleo y el 96% de la de gas natural, advierte que, solo restan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos contractualmente para ser perforados entre 2026 y 2030.
Si no se toman medidas de impulso, Colombia agotará su actividad exploratoria al final de esta década, lo cual pondría al país en una situación crítica, sin nuevos descubrimientos que garanticen la reposición de reservas ni una base sólida para la sostenibilidad energética futura.
En 2025, la inversión en exploración caería un 18%, su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Esta reducción ocurre en un contexto en el que las reservas probadas de gas han caído un 57% en los últimos diez años y se vislumbra una caída acelerada de la producción de petróleo a partir de 2027.
PRODUCCIÓN: MÁS INVERSIÓN PARA MANTENER VOLÚMENES
Si bien la inversión en producción crecería un 15% en 2025, este impulso será transitorio si no se desarrollan nuevos proyectos.
Para 2025, en petróleo se estima una producción de entre 760 y 770 mil barriles promedio día (kbpd), similar a los 772 kbpd de 2024. Y en gas, para 2025 una producción comercializada de gas nacional de 905 millones de pies cúbicos día (MPCD), frente a 958 MPCD de 2024.
“Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas, no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas, esto es un doble desafío para la autosuficiencia energética”, señaló Frank Pearl, presidente de la ACP.
Entorno territorial y presión fiscal En 2024, los bloqueos a las operaciones del sector aumentaron un 151%, en un entorno de creciente conflictividad social y deterioro del orden público en las regiones donde se opera, afectando tanto el desarrollo de los proyectos como sus contribuciones a los territorios y a la seguridad energética del país.
A esta situación se suma el déficit fiscal proyectado de $40 billones como consecuencia de la reducción en la producción de petróleo en el mediano plazo, el posible incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de gas si se llega a importar la mitad de la demanda por falta de nueva oferta, y la necesidad identificada de aumentar las importaciones de crudo para mantener la operación de las refinerías, principalmente, en el interior del país, lo que encarecería la producción de combustibles líquidos.
MEDIDAS PROPUESTAS: condiciones para invertir y producir La ACP propone una serie de medidas para reactivar el sector que combinan estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad a proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.
1. Viabilidad operacional: – Optimización de consultas previas con acompañamiento institucional en las operaciones. – Estabilidad en requisitos ambientales. – Coordinación estatal para gestionar conflictividad y asegurar el orden público.
2. Seguridad jurídica, fiscal y confianza inversionista: – Definir una carga tributaria competitiva para el sector. – Reducir la tarifa de autorretención de gas en escenario de déficit como el actual. – Mesas técnicas para la nueva resolución de telemetría de la ANH.
3. Impulso a proyectos de gas y desarrollo costa afuera: – Acompañar y viabilizar los proyectos asegurando sus trámites socioambientales. – Priorización de 116 consultas previas para construcción de gasoducto submarino. – Expedición de licencia ambiental para infraestructura submarina y terrestre. – Optimización de la capacidad del sistema de transporte de gas (ejecución obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural y metodología de remuneración).
4. Eficiencia operativa: – Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados. – Aplazamiento de la entrada en vigor (3 de junio) del SICETAC para carga líquida.
5. Estímulo a producción incremental: – Expedición de la Resolución del Ministerio de Minas y Energía con incentivos a recobro mejorado y producción incremental. – Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025)
6. Adición de fuentes de energía: – Asegurar la complementariedad entre renovables y convencionales. – Gradualidad en la transición.
7. Competitividad para impulsar exploración y producción: ronda permanente de asignación de áreas por iniciativa privada.
8. Yacimientos No Convencionales: reactivación del desarrollo de los proyectos aprovechando que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.
“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos: Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado, la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, finalizó el presidente de ACP.
Minsalud y Supersalud emiten circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios trámites administrativos y autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud.
• La medida es de obligatorio cumplimiento por parte de entidades territoriales, EPS, prestadores y proveedores de tecnologías en salud para los servicios de urgencias, atención de cáncer en niños y adultos, atención de VIH/SIDA, para la prestación o provisión de servicios de salud y tecnologías en las Rutas de Atención Integral, RIAS, y poblaciones con condiciones de salud priorizadas por su situación en salud o por definición de política pública.
Bogotá, 29 de mayo de 2025. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud emitieron circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios del sistema de salud la carga de autorizaciones, en la atención de enfermedades crónicas y de alto costo como por ejemplo el cáncer y el VIH/SIDA.
La medida es reiterativa y busca el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto Ley 019 de 2012 y sus posteriores modificaciones, en lo que respecta a la prohibición de trasladar al usuario del sistema de salud el trámite de autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud para la atención de urgencias, de cáncer, VIH/SIDA y poblaciones priorizadas por la política pública.
En el último año, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, se presentaron 76.404 reclamaciones a EPS por autorizaciones de servicios de salud a pacientes crónicos y de alto costo, 26,445 casos correspondieron a pacientes enfermos de cáncer, lo que representa el 34.61% de los reclamos, y 21.896 a pacientes con enfermedades cardiovasculares, que equivalen al 28,67% de las quejas por esta causa.
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, dijo: “la circular conjunta reitera a actores del sistema de salud que no debe haber dificultades, ni procesos administrativos que generen barreras de acceso a los usuarios del sistema de salud, ni a los pacientes”.
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