Judicial
Se reducen muertes violentas en Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima)
- En la región del Alto Magdalena, se alcanzó un esclarecimiento del 44% de los homicidios.
- El trabajo articulado de fiscales y equipos de policía judicial permitió en apenas 12 horas identificar y capturar al presunto responsable de causarle la muerte a un niño de tres años en Fusagasugá (Cundinamarca).
La Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, lideró una reunión de trabajo en Girardot (Cundinamarca) para verificar los avances obtenidos en el plan de priorización definido en enero del año en curso para fortalecer las acciones investigativas y judiciales en Cundinamarca y la Provincia del Alto Magdalena.
En compañía de la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero; el director Seccional Cundinamarca, Carlos Manuel Silva Vargas; y el asesor del CTI Cundinamarca, Geiler Jhams Ocampo Osorio; revisó con detalle las diferentes líneas de intervención que se pusieron en marcha para contrarrestar los delitos que más afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscal General (e) desatacó que el traslado de la Dirección Seccional de Cundinamarca a Girardot, junto a tres fiscales especializados y 30 funcionarios de policía judicial, ha permitido incidir positivamente en la reducción de varias conductas e impactar estructuralmente a las redes de narcomenudeo que tienen injerencia en los barrios Kennedy, Corazón de Cundinamarca y Valle del Sol; y en el aledaño municipio de Flandes.
En 2024, se ha esclarecido el 44% de los homicidios ocurridos en estos dos municipios. Asimismo, el trabajo realizado en el año ha contribuido a la disminución de las muertes violentas en un 50%. En 32 días no se han registrado asesinatos en Girardot.
La Fiscalía ha logrado la captura y judicialización de 10 presuntos responsables de homicidios, cinco de ellos figuran en el cartel de los más buscados en Girardot.
Aquí sobresalen alias Sarit, alias Rellena, alias Macaquito, alias Kevin y alias Mogolla.
De otra parte, en un rápido despliegue investigativo, en apenas 12 horas, se puso en evidencia y se logró la captura del hombre que estaría involucrado en la muerte y desaparición de su hijastro de tres años en Fusagasugá (Cundinamarca).
Esta persona será presentada ante un juez de control de garantías y, en atención al abundante material de prueba recopilado por el CTI y la Policía Nacional, será imputado por los delitos de homicidio agravado.
Caracterización e impacto a las estructuras delincuenciales La Fiscalía identificó a dos redes delincuenciales dedicadas al hurto y al microtráfico en Girardot y Flandes.
Los cabecillas de estos grupos, alias Machetero y alias Chilinga, permanecen privados de la libertad; sin embargo, desde los centros carcelarios estarían promoviendo una disputa violenta que deja hasta el momento nueve homicidios, cuatro de estos esclarecidos.
“La importancia de esta investigación es que logramos caracterizar las estructuras y logramos determinar que quienes estaban en la cárcel continúan ejecutando hechos delictivos en esta zona del país”, resaltó la Fiscal General (e).
De igual manera, fueron capturadas siete personas que habrían participado en una estafa masiva inmobiliaria por más de 37.000 millones de pesos, que afectó a 97 inversionistas; y judicializados dos hombres señalados de causarles la muerte a tres cultivadores de papa en Mosquera (Cundinamarca).
“Seguiremos en la intervención de Girardot porque es uno los municipios que tiene una buena presencia de turistas, y necesitamos un municipio que sea tranquilo y libre de cualquier violencia; y, por supuesto, de estructuras criminales.
La Fiscalía General de la Nación entrega este resultado parcial como una forma de decir: le damos resultados a los colombianos”, concluyó la Fiscal General (e).
Judicial
Privada de la libertad exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova
La señalan de trasladar coimas relacionadas con las irregularidades de contratación en LA UNGRD.
Sandra Liliana Ortiz Nova es señalada de recibir 3.000 millones de pesos de los involucrados en los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.
Luego de valorar los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida aseguramiento de detención preventiva a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.
Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.
Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad.
Judicializado presunto responsable del homicidio de un hombre en vichada
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Edwin Cumanaica Gaitán, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano, ocurrido el pasado 15 de noviembre, en una finca en zona rural de Cumaribo (Vichada).
Un fiscal seccional en Vichada le imputó el delito de homicidio agravado.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación permitió establecer que el procesado sostuvo una discusión con la víctima, en ese momento habría sacado un arma de fuego de su habitación y le disparó causándole la muerte. El hombre huyó del lugar y posteriormente se presentó ante las autoridades.
Allí aceptó ser el responsable de la muerte de la víctima.
La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió la judicialización de tres personas que estarían involucradas en extorsiones ocurridas en hechos distintos, en Villavicencio y municipios del sur de Meta.
Se trata de Carlos Andrés Arenas Varela, Juan Carlos Ríos Garzón y Johan Sebastián Canchón Fajardo.
Fiscales Gaula les imputaron, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de extorsión, tentativa de extorsión y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
Los cargos no fueron aceptados y jueces de control de garantías les impusieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.
Inicialmente, Arenas Varela fue capturado en vía pública del sur de Villavicencio (Meta), cuando recibía 200.000 pesos de una joven, de 15 años, producto de una extorsión.
Por su parte, Ríos Garzón, al parecer, le hacía exigencias económicas a agricultores y ganaderos de Fuentedeoro, San Juan de Arama y Granada (Meta).
El hombre indicaba ser integrante de las disidencias de las Farc para intimidar a las víctimas. Los cobros, presuntamente, oscilaban entre 3 y 30 millones de pesos, a cambio de no ser declarados objetivos militares.
Finalmente, Canchón Fajardo fue capturado en flagrancia en el área rural de Puerto Lleras (Meta), donde presuntamente, estaba exigiendo dinero desde noviembre del año en curso, a los dueños de fincas de las veredas Unión y Caribe de ese municipio.
Estos hombres fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Grupo Gaula del Ejército Nacional, en Villavicencio, Granada y Puerto Lleras (Meta)
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