Judicial
Se reducen muertes violentas en Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima)
- En la región del Alto Magdalena, se alcanzó un esclarecimiento del 44% de los homicidios.
- El trabajo articulado de fiscales y equipos de policía judicial permitió en apenas 12 horas identificar y capturar al presunto responsable de causarle la muerte a un niño de tres años en Fusagasugá (Cundinamarca).
La Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, lideró una reunión de trabajo en Girardot (Cundinamarca) para verificar los avances obtenidos en el plan de priorización definido en enero del año en curso para fortalecer las acciones investigativas y judiciales en Cundinamarca y la Provincia del Alto Magdalena.
En compañía de la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero; el director Seccional Cundinamarca, Carlos Manuel Silva Vargas; y el asesor del CTI Cundinamarca, Geiler Jhams Ocampo Osorio; revisó con detalle las diferentes líneas de intervención que se pusieron en marcha para contrarrestar los delitos que más afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscal General (e) desatacó que el traslado de la Dirección Seccional de Cundinamarca a Girardot, junto a tres fiscales especializados y 30 funcionarios de policía judicial, ha permitido incidir positivamente en la reducción de varias conductas e impactar estructuralmente a las redes de narcomenudeo que tienen injerencia en los barrios Kennedy, Corazón de Cundinamarca y Valle del Sol; y en el aledaño municipio de Flandes.
En 2024, se ha esclarecido el 44% de los homicidios ocurridos en estos dos municipios. Asimismo, el trabajo realizado en el año ha contribuido a la disminución de las muertes violentas en un 50%. En 32 días no se han registrado asesinatos en Girardot.
La Fiscalía ha logrado la captura y judicialización de 10 presuntos responsables de homicidios, cinco de ellos figuran en el cartel de los más buscados en Girardot.
Aquí sobresalen alias Sarit, alias Rellena, alias Macaquito, alias Kevin y alias Mogolla.
De otra parte, en un rápido despliegue investigativo, en apenas 12 horas, se puso en evidencia y se logró la captura del hombre que estaría involucrado en la muerte y desaparición de su hijastro de tres años en Fusagasugá (Cundinamarca).
Esta persona será presentada ante un juez de control de garantías y, en atención al abundante material de prueba recopilado por el CTI y la Policía Nacional, será imputado por los delitos de homicidio agravado.
Caracterización e impacto a las estructuras delincuenciales La Fiscalía identificó a dos redes delincuenciales dedicadas al hurto y al microtráfico en Girardot y Flandes.
Los cabecillas de estos grupos, alias Machetero y alias Chilinga, permanecen privados de la libertad; sin embargo, desde los centros carcelarios estarían promoviendo una disputa violenta que deja hasta el momento nueve homicidios, cuatro de estos esclarecidos.
“La importancia de esta investigación es que logramos caracterizar las estructuras y logramos determinar que quienes estaban en la cárcel continúan ejecutando hechos delictivos en esta zona del país”, resaltó la Fiscal General (e).
De igual manera, fueron capturadas siete personas que habrían participado en una estafa masiva inmobiliaria por más de 37.000 millones de pesos, que afectó a 97 inversionistas; y judicializados dos hombres señalados de causarles la muerte a tres cultivadores de papa en Mosquera (Cundinamarca).
“Seguiremos en la intervención de Girardot porque es uno los municipios que tiene una buena presencia de turistas, y necesitamos un municipio que sea tranquilo y libre de cualquier violencia; y, por supuesto, de estructuras criminales.
La Fiscalía General de la Nación entrega este resultado parcial como una forma de decir: le damos resultados a los colombianos”, concluyó la Fiscal General (e).
Judicializados presuntos responsables de crimen de dos menores de edad en Malambo (Atlántico).
Las víctimas de 14 y 17 años fueron encontradas sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego y signos de asfixia.
Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de dos hermanas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en zona rural de Malambo (Atlántico), permitieron identificar y judicializar a Juan David Taboada Olivera y a un joven de 17 años.
Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero.
Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría.
Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas.
Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición judicial, el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.
La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.
Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por presuntamente direccionar un contrato en favor de una persona cercana.
El funcionario habría ordenado al presidente de una empresa filial a la estatal petrolera asignar un proyecto gasífero en La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.
En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado.
Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.
La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.
El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Afectado grupo delincuencial señalado de diseñar huellas decadactilares de látex para suplantar personas y solicitar créditos de manera fraudulenta.
Seis personas fueron judicializadas, entre ellas la asesora de una entidad bancaria. Ibagué (Tolima), La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener créditos de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.
Se trata de Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.
Estas personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos como la recopilación de datos de las víctimas y de las cartas dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con esta información, presuntamente elaboraban huellas de látex y cédulas falsas con las fotografías de los posibles integrantes de la red delincuencial, con el propósito de superar los controles biométricos de entidades financieras.
De esta manera, Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, al parecer, facilitaba la aprobación de las tarjetas de crédito y otros productos.
La labor investigativa permitió conocer y asociar 25 hechos delictivos en los que fueron apropiados 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con las presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.
Cuatro de los procesados aceptaron cargos.
Por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
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