Sin categoría
Presupuesto: ¿Se apoderó la “informalidad” en el trámite legislativo?
-COLUMNA DOMINICAL-
Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo – Escritor.
El fallido Presupuesto en las Comisiones Económicas, deja inevitablemente muchas preocupaciones sobre la “informalidad” que está tomando el trámite legislativo, cuando la semana pasada las Comisiones Económicas siguieran “Songo Sorongo” con la discusión de las ponencias –una favorable y otra alternativa- aun cuando el 15 de septiembre no se aprobó el monto total del mismo -como lo estipula el Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto- por lo que dejaba en el limbo jurídico la aprobación de este proyecto de ley.
Y no fue suficiente que el entonces Secretario General del Senado Gregorio Eljach -por solicitud de la Representante Katherine Miranda- confirmara que el Presupuesto efectivamente se había negado, al no aprobarse el monto total que fue propuesto inicialmente por el Gobierno Nacional, lo que a juicio de este Columnista fue un pronunciamiento en derecho, y por lo tanto debió ser acatado de inmediato por las mencionadas Comisiones, aún más cuándo el Secretario es ni más ni menos que el notario del trámite legislativo, y se le conoce por ser una de las personas más “doctas” en esta materia.
A nadie le pareció grave la negación del monto total, ni el Gobierno Nacional ni los ponentes de la iniciativa –ni a legisladores tan destacadas como Angélica Lozano y Oscar Darío Pérez- mientras que el Presidente de las Económicas Jorge Eliécer Salazar, no dudó un instante en citar el pasado lunes, para el respectivo “anuncio” de las ponencias -siendo la primera vez que escucho que se “anuncian” las mismas- seguramente con el afán de legitimar el trámite –ante la inminente ilegalidad del trámite- en donde los Ministros parecían “llevarle la corriente” al caos, pensando tal vez “para sus adentros” que esto viciaría la iniciativa legislativa, lo que permitiría al Presidente Gustavo Petro expedirla por Decreto.
El dejar en “veremos” el monto del Presupuesto, y continuar discutiendo las ponencias y las “partidas” en los artículos, es el reflejo de un Congreso que se rebela cada vez más a la iniciativa fiscal del Gobierno -establecido en la Constitución Política- y que de una u otra manera se las arregla para que el Ejecutivo termine por ceder a sus demandas fiscales –con mucho ingenio- lo que sin duda vuelve aún más interesante la discusión de la iniciativa, pero a la vez desconoce el Sistema Presidencialista en Colombia, aún más cuando ésta es una lucha desigual por la consecución de recursos –el “débil” Congreso frente al “todopoderoso” Ejecutivo- cuando lo ideal sería evolucionar a un Sistema Parlamentario –el Congreso tiene prioridad sobre el Ejecutivo- o por lo menos un conveniente Sistema Mixto, que permita a estos dos poderes “crear” conjuntamente el Presupuesto.
La llegada de la izquierda al poder, ha agudizado esa “informalidad” en el trámite legislativo, en donde pareciera que no solo es con el ánimo de modificar el aspecto procedimental, sino como una manera de desconocer y desvirtuar al “establecimiento”, casi sin tomarse la molestia de revisar la línea constitucional, legal y jurisprudencial en este tipo de trámite, teniendo además una actitud permanente de “ideologizar” la discusión de las iniciativas, como si esto justificara la terquedad del Gobierno Nacional, al radicar por ejemplo la fallida Reforma a la Salud como un proyecto de ley ordinario, cuando a todas luces era una iniciativa de índole estatutario, y que por lo tanto requería discutir y aprobar en las Comisiones Primeras de Cámara y Senado.
Esto parece haber contagiado a gran parte de los legisladores, porque cada vez éstos radican más proyectos de ley o proyectos de acto legislativo con impacto fiscal, que de ninguna manera es cuestionable -al contrario se debe aplaudir esta tendencia- aún más cuando la Corte Constitucional ha venido filtrando algunas concesiones para este fin, como iniciar el trámite de un proyecto sin el aval fiscal, o conceder cierta autonomía al Congreso para legislar en el tema tributario.
Y retomando el Presupuesto para el año entrante -que se hundió la semana pasada en las Comisiones Económicas- se evidenció aún más la “informalidad” legislativa, al radicar las diferentes bancadas proposiciones para reducir el monto del Presupuesto, cuando se sobreentiende que la iniciativa del gasto –reitero- la tiene el Gobierno Nacional, y el Congreso se debe limitar a aprobar o improbar, o máximo los ponentes pueden convencer al Gobierno de reducir su monto total propuesto (523 billones), para que finalmente en las sesiones de las “Económicas”, se le dé trámite al nuevo monto presupuestal, y posteriormente si pasar a discutir las ponencias y el articulado.
El “circo romano” en que se convirtió la fallida discusión del Presupuesto, es una evidencia de la “informalidad” que ha tomado el trámite legislativo, aún más cuando el mismo se ha “ideologizado”, en donde las “buenas” y “altruistas” intenciones de la izquierda, estarían justificando ignorar los principios constitucionales y legales para discutir y aprobar las iniciativas, que sin duda son el fruto de doscientos (200) años de trabajo legislativo –enriquecedor y valioso-desde la “simbólica” Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, en donde nació el primer “bebé” mico de nuestra historia, en donde reconocía la autoridad del Rey de España, siempre y cuando viniera personalmente a gobernar a las Américas.
Era obvio: Su Majestad nunca lo haría.
Coletilla: A la hora de la verdad, no es mucha la diferencia entre un Presupuesto aprobado por el Congreso, con uno expedido por el Presidente de la República, en el entendido que la discusión de este proyecto de ley, es uno de los más inequitativos y excluyentes, que termina por definir el Gobierno Nacional y los ponentes -aún más los coordinadores ponentes- dejando “viendo un chispero” a los demás legisladores en las Plenarias de Cámara y Senado –quienes no pertenecen a esas Comisiones- en donde la totalidad de sus proposiciones les son dejadas como constancias –en el olvido total- con el argumento “dantesco” que ya todo fue “cuadrado” en Comisiones Económicas.
Bogotá D.C., domingo 29 de septiembre de 2024.
Sin categoría
En donde el Pauto se salía de su cauce generando estragos, se construye un robusto dique de casi un kilómetro con geotextil – Casanare
En la vereda Mata Palo, municipio de Trinidad, se interviene uno de los puntos más críticos por desbordamientos del río Pauto, que durante los últimos años ha generado afectaciones en predios y viviendas de más de 400 familias de sectores como Guamal, El Milagro, Pozo Petrolero, El Valle y la misma Mata Palo.
La intervención, la realiza el gobierno de César Ortiz Zorro a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, y contempla la construcción de un dique de 750 metros de longitud, con una altura cercana a los dos metros. La estructura contará con una corona de 10 metros de ancho y una base que alcanza los 16 metros. Uno de los componentes más importantes de la obra es el recubrimiento con manto geotextil en la cara que da hacia el río, material que permite reforzar la estabilidad del dique, evitar la erosión causada por la corriente y aumentar su vida útil frente a crecientes e inundaciones. Esto último, con el apoyo de la alcaldesa Damaris Abril.
José Manuel García, campesino habitante de la vereda Mata Palo, describió el panorama que han enfrentado durante años, señalando que las inundaciones han dejado pérdidas de cultivos, daños en viviendas, afectación de vías y muerte de animales, lo que ha impedido llevar una vida tranquila. Indicó que la zozobra es constante, ante el temor de que el río en cualquier momento se les mete a las casas.
Por su parte, el ingeniero Wilson Porra, director de Gestión del Riesgo, explicó que se trata de un dique construido en la parte externa del afluente, diseñado para contener inundaciones una vez el afluente ha superado su cota, lo que permite retener las aguas y retornarlas a su cauce natural, disminuyendo así el impacto sobre las comunidades.
Asegurados en centro carcelario presuntos articuladores de red de corrupción señalada de favorecer las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago
Los procesados, un excandidato al Senado de la República y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, fueron imputados de acuerdo con su posible responsabilidad individual por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particulares.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para al excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro; a los exintegrantes de la Policía Nacional, capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros (r) José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
Estas personas son señaladas de hacer parte de una red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’, ejerciendo diferentes roles ilícitos, contactando a servidores de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que podrían beneficiar el ingreso irregular de mercancía por los puertos del Caribe, a cambio de dádivas o ‘cachetadas’, como eran denominadas por la organización delictiva, que ascendían hasta 300 millones de pesos mensuales.
En ese sentido, Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago.
Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos. De otra parte, Salazar Piñeros, como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena (Bolívar), estaría implicado en el direccionamiento de sus subalternos para que autorizaran la salida del puerto de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos, los cuales no tenían la documentación aduanera ni los permisos de ley completos, y eran trasladados por vía terrestre a diferentes ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela.
Adicionalmente, se le atribuye haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido aprehendida, en momentos en los que era trasladada en dos camiones por carreteras de Atlántico; y de pagar el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo en Cartagena para que se hospedara un mayor que pertenecería a la red de corrupción.
Entre tanto, Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar para la estructura de Marín Buitrago.
Asimismo, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados y en algunos casos trasladó dinero a Bogotá con destino a otros funcionarios. De igual manera, Édgar Humberto Bacca Sánchez Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando de cacharrería y cigarrillos por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). Al parecer, ubicaba a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le pasaran listados de los contenedores que no debían ser registrados ni aprehendidos.
Las evidencias indican que habría entregado 28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente que actuaba con agente encubierto.
Finalmente, Juan Manuel Jaramillo Mora, conocido como Zorro, sería el encargado de dinamizar la entrega mensual de dinero a los servidores captados.
La investigación da cuenta que presuntamente llevó 34 millones de pesos a un uniformado que también realizaba labores investigativas como agente encubierto.
Tras su retiro de la Policía Nacional continúo ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo.
Por todo lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
A Salazar Piñeros se le adicionó el delito de influencias de servidor público y a Gómez Castro tráfico el de tráfico de influencias de particulares. Los cargos no fueron aceptados.
Judicializados presuntos responsables de facilitar el transporte por vía marítima de migrantes que zarparon de San Andrés y desaparecieron.
Estarían involucrados en dos eventos ocurridos en octubre de 2023 y julio de 2024, en los que dos embarcaciones zozobraron en altamar por sobrecupo y ausencia de medidas de seguridad.
Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar, capturar y judicializar a cinco personas señaladas de facilitar la salida ilegal por vía marítima de migrantes que llegaban a San Andrés Islas para tomar camino hacia países de Centroamérica con destino a Estados Unidos.
Se trata de Rick Allen Bent Duffis, Arnold Sebastián Bernard Valencia, Steve Stenley Walters Reales, Esteban Muñoz Reeves y Jayson Faiquare Hawkins, quienes habrían garantizado hospedaje, manutención y traslado en embarcaciones de pesca artesanal a dos grupos de ciudadanos extranjeros que desaparecieron en aguas del Caribe.
El primer evento conocido ocurrió el 21 de octubre de 2023. Una lancha de nombre ‘IAS II’ con 40 pasajeros, 2 de nacionalidad China y 38 de Venezuela (12 menores de edad), y 2 tripulantes partió de San Andrés y a la fecha se desconoce su paradero.
Aquí, Walters Reales, Muñoz Reeves y Faiquare Hawkins presuntamente captaron y aseguraron un cupo en la embarcación a 7 extranjeros, 2 menores de edad.
Entre tanto, Bent Duffis y Bernard Valencia estarían involucrados en un segundo caso sucedido entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2024.
Las evidencias indican que, al parecer, contactaron y garantizaron que 5 de 18 migrantes de Kazajistan, Venezuela, Colombia, Irán y Chile abordaran una lancha, la cual zarpó con dos tripulantes rumbo a Nicaragua y naufragó en altamar.
En este suceso hubo 2 muertos, 3 desaparecidos y 15 rescatados, entre ellos 5 niños. Por todo lo anterior, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los cinco implicados el delito de tráfico de migrantes agravado. Adicionalmente, a Bent Duffis le fue imputado el delito de homicidio culposo. Uno de los procesados, Bernard Valencia, aceptó los cargos en su contra.
La labor investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación contó el trabajo de policía judicial del CTI y el apoyo la Dijin de la Policía Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Migración Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Armada Nacional.
En donde el Pauto se salía de su cauce generando estragos, se construye un robusto dique de casi un kilómetro con geotextil – Casanare
Capacitación gratuita en seguridad vial sigue con inscripciones abiertas en Casanare
A la cárcel por contrabandistas
-
Opinión1 semana agoLe salió mal la obra de teatro
-
Judicial1 semana agoCayeron los huelleros
-
Sin categoría1 semana agoA la cárcel por contrabandistas
-
Judicial1 semana agoImputado Presidente de Ecopetrol
-
Judicial1 semana agoLa justicia va llegando
-
Judicial4 semanas agoRed delictiva señalada de hurtar vehículos embargados para comercializarlos quedó en evidencia en la costa atlántica
-
Casanare2 horas agoCapacitación gratuita en seguridad vial sigue con inscripciones abiertas en Casanare
-
Judicial4 semanas agoDescubierto taxista que ofrecía servicio de datáfono para presuntamente hacer ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias