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Presupuesto: ¿Se apoderó la “informalidad” en el trámite legislativo?
-COLUMNA DOMINICAL-
Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo – Escritor.
El fallido Presupuesto en las Comisiones Económicas, deja inevitablemente muchas preocupaciones sobre la “informalidad” que está tomando el trámite legislativo, cuando la semana pasada las Comisiones Económicas siguieran “Songo Sorongo” con la discusión de las ponencias –una favorable y otra alternativa- aun cuando el 15 de septiembre no se aprobó el monto total del mismo -como lo estipula el Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto- por lo que dejaba en el limbo jurídico la aprobación de este proyecto de ley.
Y no fue suficiente que el entonces Secretario General del Senado Gregorio Eljach -por solicitud de la Representante Katherine Miranda- confirmara que el Presupuesto efectivamente se había negado, al no aprobarse el monto total que fue propuesto inicialmente por el Gobierno Nacional, lo que a juicio de este Columnista fue un pronunciamiento en derecho, y por lo tanto debió ser acatado de inmediato por las mencionadas Comisiones, aún más cuándo el Secretario es ni más ni menos que el notario del trámite legislativo, y se le conoce por ser una de las personas más “doctas” en esta materia.
A nadie le pareció grave la negación del monto total, ni el Gobierno Nacional ni los ponentes de la iniciativa –ni a legisladores tan destacadas como Angélica Lozano y Oscar Darío Pérez- mientras que el Presidente de las Económicas Jorge Eliécer Salazar, no dudó un instante en citar el pasado lunes, para el respectivo “anuncio” de las ponencias -siendo la primera vez que escucho que se “anuncian” las mismas- seguramente con el afán de legitimar el trámite –ante la inminente ilegalidad del trámite- en donde los Ministros parecían “llevarle la corriente” al caos, pensando tal vez “para sus adentros” que esto viciaría la iniciativa legislativa, lo que permitiría al Presidente Gustavo Petro expedirla por Decreto.
El dejar en “veremos” el monto del Presupuesto, y continuar discutiendo las ponencias y las “partidas” en los artículos, es el reflejo de un Congreso que se rebela cada vez más a la iniciativa fiscal del Gobierno -establecido en la Constitución Política- y que de una u otra manera se las arregla para que el Ejecutivo termine por ceder a sus demandas fiscales –con mucho ingenio- lo que sin duda vuelve aún más interesante la discusión de la iniciativa, pero a la vez desconoce el Sistema Presidencialista en Colombia, aún más cuando ésta es una lucha desigual por la consecución de recursos –el “débil” Congreso frente al “todopoderoso” Ejecutivo- cuando lo ideal sería evolucionar a un Sistema Parlamentario –el Congreso tiene prioridad sobre el Ejecutivo- o por lo menos un conveniente Sistema Mixto, que permita a estos dos poderes “crear” conjuntamente el Presupuesto.
La llegada de la izquierda al poder, ha agudizado esa “informalidad” en el trámite legislativo, en donde pareciera que no solo es con el ánimo de modificar el aspecto procedimental, sino como una manera de desconocer y desvirtuar al “establecimiento”, casi sin tomarse la molestia de revisar la línea constitucional, legal y jurisprudencial en este tipo de trámite, teniendo además una actitud permanente de “ideologizar” la discusión de las iniciativas, como si esto justificara la terquedad del Gobierno Nacional, al radicar por ejemplo la fallida Reforma a la Salud como un proyecto de ley ordinario, cuando a todas luces era una iniciativa de índole estatutario, y que por lo tanto requería discutir y aprobar en las Comisiones Primeras de Cámara y Senado.
Esto parece haber contagiado a gran parte de los legisladores, porque cada vez éstos radican más proyectos de ley o proyectos de acto legislativo con impacto fiscal, que de ninguna manera es cuestionable -al contrario se debe aplaudir esta tendencia- aún más cuando la Corte Constitucional ha venido filtrando algunas concesiones para este fin, como iniciar el trámite de un proyecto sin el aval fiscal, o conceder cierta autonomía al Congreso para legislar en el tema tributario.
Y retomando el Presupuesto para el año entrante -que se hundió la semana pasada en las Comisiones Económicas- se evidenció aún más la “informalidad” legislativa, al radicar las diferentes bancadas proposiciones para reducir el monto del Presupuesto, cuando se sobreentiende que la iniciativa del gasto –reitero- la tiene el Gobierno Nacional, y el Congreso se debe limitar a aprobar o improbar, o máximo los ponentes pueden convencer al Gobierno de reducir su monto total propuesto (523 billones), para que finalmente en las sesiones de las “Económicas”, se le dé trámite al nuevo monto presupuestal, y posteriormente si pasar a discutir las ponencias y el articulado.
El “circo romano” en que se convirtió la fallida discusión del Presupuesto, es una evidencia de la “informalidad” que ha tomado el trámite legislativo, aún más cuando el mismo se ha “ideologizado”, en donde las “buenas” y “altruistas” intenciones de la izquierda, estarían justificando ignorar los principios constitucionales y legales para discutir y aprobar las iniciativas, que sin duda son el fruto de doscientos (200) años de trabajo legislativo –enriquecedor y valioso-desde la “simbólica” Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, en donde nació el primer “bebé” mico de nuestra historia, en donde reconocía la autoridad del Rey de España, siempre y cuando viniera personalmente a gobernar a las Américas.
Era obvio: Su Majestad nunca lo haría.
Coletilla: A la hora de la verdad, no es mucha la diferencia entre un Presupuesto aprobado por el Congreso, con uno expedido por el Presidente de la República, en el entendido que la discusión de este proyecto de ley, es uno de los más inequitativos y excluyentes, que termina por definir el Gobierno Nacional y los ponentes -aún más los coordinadores ponentes- dejando “viendo un chispero” a los demás legisladores en las Plenarias de Cámara y Senado –quienes no pertenecen a esas Comisiones- en donde la totalidad de sus proposiciones les son dejadas como constancias –en el olvido total- con el argumento “dantesco” que ya todo fue “cuadrado” en Comisiones Económicas.
Bogotá D.C., domingo 29 de septiembre de 2024.
Así lo dio a conocer mediante un Pronunciamiento sobre situación en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo:
Nuevamente, el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos que hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá, hechos que ya habían sido advertidos en la AT 001 de enero de este año.
Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc, Bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá Córdoba y Bloque Amazonas al mando de alias Ivàn Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio aledañas de San José del Guaviare.
Desde el pasado 26 de mayo de 2025, la comunidad que habita y transita por la conocida “Trocha Ganadera”, que conecta a cerca de 60 veredas y aproximadamente 10.000 personas, ha sido víctima de confinamiento, derivado de la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.
Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
De manera alarmante, la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.
Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la Alerta Temprana 001 de 2025. En comunicación del sábado 31 de mayo dirigida al Ministerio del Interior, le pedimos al Gobierno Nacional:
● La convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.
● La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.
● La adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales.
Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación.
Con el objetivo de brindar apoyo digno a los casanareños que deben desplazarse a Bogotá por motivos médicos, la Gobernación de Casanare puso en funcionamiento el hogar de paso MiCasaNare, una iniciativa gestionada sin contratos, y con profundo sentido social y humano.
El inmueble, entregado en comodato por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuenta inicialmente con 30 camas habilitadas y todas las comodidades necesarias: cocina equipada, comedor, lavadora, nevera, salas de televisión, entre otros espacios acondicionados para ofrecer bienestar a pacientes y acompañantes durante su estadía en la capital.
Este logro fue posible gracias al compromiso de la gestora social del departamento, Diana Soler, quien lideró el diseño interior y articuló esfuerzos con las secretarías de Infraestructura, Integración, Desarrollo Social y Mujer. A este trabajo conjunto se sumaron empresarios y ciudadanos que participaron en la cena solidaria y subasta benéfica, eventos que permitieron reunir los fondos para dotar completamente la casa con muebles y electrodomésticos.
“No se trata solo de infraestructura, sino de dignidad. Hoy las familias vulnerables de Casanare que viajan por salud tienen un techo, una cama caliente y un lugar donde preparar sus alimentos. Este es un sueño de años que hoy se materializa con gestión, voluntad y amor por nuestro pueblo”, expresó el gobernador César Ortiz Zorro.
Gran parte de las adecuaciones se realizaron con mano de obra de trabajadores de la misma Gobernación, lo que demuestra que, con gestión y sentido de pertenencia, también se pueden lograr iniciativas de alto impacto para quienes más lo necesitan.
El hogar de paso MiCasaNare estará disponible en el transcurso de la próxima semana para recibir a pacientes casanareños de escasos recursos que requieran atención médica en Bogotá, acompañados por un familiar o cuidador.
Condenada exsecretaria de la sala penal del tribunal superior de Santa Marta por ocultar una sentencia que ordenaba la captura de un procesado.
Ilse Paulina Martínez Visbal impidió que se hiciera efectiva una decisión de segunda instancia que condenó a un abogado y dispuso que se hiciera efectiva la pena.
Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral, un juez penal de conocimiento condenó a la exsecretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta (Magdalena), Ilse Paulina Martínez Visbal, a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
Los hechos que motivaron el fallo están relacionados con una decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior Santa Marta, el 12 de octubre de 2011, en la que ratificó la condena a 45 meses de prisión en contra de un abogado que participó en la defraudación al Instituto de Seguros Sociales (ISS).
Posteriormente, el expediente quedó a disposición de la entonces secretaria de la Sala Penal de la alta corporación, quien ocultó y desapareció el cuaderno que contenía el fallo que dispuso la detención del abogado, y omitió los procedimientos establecidos por ley al remitir el proceso incompleto y directamente a un juzgado de ejecución de penas.
De esta manera, la exfuncionaria judicial favoreció al abogado para que no se conociera ni aplicara la condena en su contra.
La sentencia de Martínez Visbal es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Además de la pena conocida, que deberá cumplirse en el lugar de residencia, contiene una inhabilidad de 65 meses para ejercer funciones públicas.
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