Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por presuntamente direccionar un contrato en favor de una persona cercana.

El funcionario habría ordenado al presidente de una empresa filial a la estatal petrolera asignar un proyecto gasífero en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.

En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado.

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Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.

La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.

El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Afectado grupo delincuencial señalado de diseñar huellas decadactilares de látex para suplantar personas y solicitar créditos de manera fraudulenta.

Seis personas fueron judicializadas, entre ellas la asesora de una entidad bancaria. Ibagué (Tolima), La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener créditos de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.

Se trata de Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.

Estas personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos como la recopilación de datos de las víctimas y de las cartas dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Con esta información, presuntamente elaboraban huellas de látex y cédulas falsas con las fotografías de los posibles integrantes de la red delincuencial, con el propósito de superar los controles biométricos de entidades financieras.

De esta manera, Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, al parecer, facilitaba la aprobación de las tarjetas de crédito y otros productos.

La labor investigativa permitió conocer y asociar 25 hechos delictivos en los que fueron apropiados 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.

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Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con las presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.

Cuatro de los procesados aceptaron cargos.

Por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

Es señalado de apropiarse mediante engaño de los productos financieros de, por lo menos, 35 víctimas para realizar retiros y transferencias de dinero.

La Fiscalía General de la Nación identificó el presunto actuar delictivo de Juan Carlos Naranjo Becerra, un taxista de Bogotá señalado de ofrecer el servicio de datáfono para supuestamente brindarles facilidades de pago a los usuarios, pero que en realidad buscaba confundir a las personas para cambiarles las tarjetas bancarias por plásticos inservibles, conocido como la modalidad de ‘cambiazo’.

Las evidencias y las denuncias recibidas en el curso de la investigación de, por lo menos, 35 víctimas dan cuenta de que el transportador manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y ante cualquier descuido del pasajero se quedaba con el producto financiero original y les devolvía una réplica.

Con la tarjeta en su poder, la clave y los datos del propietario presuntamente se dirigía a cajeros electrónicos y realizaba retiros de dinero. De esta manera se habría apropiado de más de 379 millones de pesos. Naranjo Becerra fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

En el procedimiento fueron incautados 2 datáfonos, 2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. En el momento de su detención le fueron encontradas en sus prendas de vestir dos credenciales más pertenecientes a otras personas.

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Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.