Judicial
Judicializado sujeto que dejó ciega a una perra
En otro hecho fue imputado un hombre que le causó la muerte a un animal en Boyacá.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentaron ante jueces de control de garantías a dos hombres que, en hechos distintos, causaron graves afectaciones a perros en La Guajira y Boyacá.
Agresión ocular a una canina El 28 de noviembre de 2023, en vía pública de Riohacha (La Guajira), Ángel Alfonso Leyva Flórez habría agredido con un bate y arrastrado a una canina con sus cuatro cachorros a un matorral, porque supuestamente lo mordió.
El animal sufrió heridas de consideración en los ojos, por lo que la comunidad la trasladó de urgencia a una clínica veterinaria.
Sin embargo, ante la gravedad de las heridas perdió la visión. La canina fue adoptada por un proyecto animalista, que se encargó del proceso de rehabilitación y recuperación, y la llamó ‘Yuli’. Por su parte, el señalado agresor fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, cargo que fue aceptado.
Ataque mortal a ‘Princesa’ La Fiscalía logró la judicialización de Bernardo Molina Vásquez, por su posible responsabilidad en causar la muerte de una canina llamada ‘Princesa’, el pasado 16 de enero, en Muzo (Boyacá).
En una finca aledaña a un albergue de animales, el procesado presuntamente atacó con un arma de fuego a ‘Princesa’ causándole la muerte porque ella había ingresado a su inmueble.
En ese sentido, Molina Vásquez fue imputado por el delito de maltrato animal, cargo que no fue aceptado.
Judicial
Privada de la libertad exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova
La señalan de trasladar coimas relacionadas con las irregularidades de contratación en LA UNGRD.
Sandra Liliana Ortiz Nova es señalada de recibir 3.000 millones de pesos de los involucrados en los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.
Luego de valorar los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida aseguramiento de detención preventiva a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.
Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.
Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad.
Judicializado presunto responsable del homicidio de un hombre en vichada
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Edwin Cumanaica Gaitán, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano, ocurrido el pasado 15 de noviembre, en una finca en zona rural de Cumaribo (Vichada).
Un fiscal seccional en Vichada le imputó el delito de homicidio agravado.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación permitió establecer que el procesado sostuvo una discusión con la víctima, en ese momento habría sacado un arma de fuego de su habitación y le disparó causándole la muerte. El hombre huyó del lugar y posteriormente se presentó ante las autoridades.
Allí aceptó ser el responsable de la muerte de la víctima.
La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió la judicialización de tres personas que estarían involucradas en extorsiones ocurridas en hechos distintos, en Villavicencio y municipios del sur de Meta.
Se trata de Carlos Andrés Arenas Varela, Juan Carlos Ríos Garzón y Johan Sebastián Canchón Fajardo.
Fiscales Gaula les imputaron, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de extorsión, tentativa de extorsión y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
Los cargos no fueron aceptados y jueces de control de garantías les impusieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.
Inicialmente, Arenas Varela fue capturado en vía pública del sur de Villavicencio (Meta), cuando recibía 200.000 pesos de una joven, de 15 años, producto de una extorsión.
Por su parte, Ríos Garzón, al parecer, le hacía exigencias económicas a agricultores y ganaderos de Fuentedeoro, San Juan de Arama y Granada (Meta).
El hombre indicaba ser integrante de las disidencias de las Farc para intimidar a las víctimas. Los cobros, presuntamente, oscilaban entre 3 y 30 millones de pesos, a cambio de no ser declarados objetivos militares.
Finalmente, Canchón Fajardo fue capturado en flagrancia en el área rural de Puerto Lleras (Meta), donde presuntamente, estaba exigiendo dinero desde noviembre del año en curso, a los dueños de fincas de las veredas Unión y Caribe de ese municipio.
Estos hombres fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Grupo Gaula del Ejército Nacional, en Villavicencio, Granada y Puerto Lleras (Meta)
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