Noticias Nacionales
Demasiada basura y escombros en las islas de Providencia y Santa Catalina
La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina incumplieron la orden de la Corte Constitucional sobre el cierre definitivo de terrenos utilizados para acopio temporal de escombros.

El Defensor del Pueblo hace un llamado a todas las entidades de los niveles nacional, departamental y municipal para que unan esfuerzos, articulen acciones y logren la evacuación pronta y total de los agentes contaminantes que afectan el derecho a un ambiente sano tanto de raizales y habitantes de las islas como de turistas.
La Defensoría del Pueblo alerta sobre el daño ambiental generado por la acumulación de escombros que deja el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, afectadas por el paso del huracán Iota en noviembre del 2020. A ello se suma la cantidad de basuras y residuos orgánicos en diferentes puntos de las islas.

“En el seguimiento que le estamos haciendo a la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, evidenciamos cómo lo que está sucediendo se está convirtiendo en una problemática ambiental. Por tal razón, le solicitamos al Gobierno Nacional y la Alcaldía local acatar la Sentencia T-333 de 2022 de la honorable Corte Constitucional, que ordena el cierre definitivo de los terrenos utilizados para acopio temporal de residuos, producto de la emergencia”, señaló el Defensor del Pueblo.
El plazo de 90 días dado por el alto tribunal expiró y las áreas afectadas se están convirtiendo en botaderos a cielo abierto debido a la falta de gestión, manejo y disposición adecuada de los residuos, causando contaminación ambiental, daño a los ecosistemas y problemas de salud pública por la proliferación de vectores. Los isleños dicen sentirse “inundados de basuras”.
Es preciso recordar que en agosto del 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina acogió la medida cautelar solicitada en la acción popular interpuesta por la Procuraduría, por lo que ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciar de inmediato la evacuación de residuos sólidos generados por la embestida de Iota, cumpliendo con los requisitos técnicos y realizando una planificación adecuada.
A la fecha hay dos órdenes judiciales, una del 2022 y otra del 2023, que desafortunadamente no han sido atendidas. “En la reciente visita a los territorios afectados, durante la primera semana de marzo, nuestros funcionarios de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente constataron la grave afectación socioambiental generada por la acumulación de residuos y basuras en las islas, es decir, el incumplimiento de las órdenes”, manifestó Camargo Assis.
El Defensor hace un llamado a todas las entidades involucradas del orden nacional, departamental y municipal: “Deben unir esfuerzos y articular acciones para hacer la evacuación inmediata y definitiva de los residuos sólidos y escombros que están afectando el derecho de todos los raizales, habitantes de la isla y turistas nacionales y extranjeros a gozar de un ambiente sano”.
Un nuevo proyecto habitacional
Además de las preocupaciones que le asisten a la entidad garante de derechos humanos por lo que está sucediendo, insiste en que debe haber una solución definitiva a la problemática en cuestión, pues en el curso de las próximas semanas iniciará un nuevo proyecto de construcción de aproximadamente 100 viviendas. Resulta fundamental recalcar la importancia de que haya una adecuada disposición de los residuos en el desarrollo de las obras.
Sumado a lo anterior, una vez finalizado el proyecto, es fundamental evacuar definitivamente los escombros, pues de continuar su indebida acumulación se podría agravar la precaria situación ambiental y de salubridad pública en las islas.
Noticias Nacionales
La Corte exhorta a que la Policía Nacional reconozca sin dilaciones las pensiones de sobrevivientes a hijos en condición de discapacidad
La Sala Segunda de Revisión estudió la acción de tutela de Felipe, una persona en condición de discapacidad visual desde que contaba 27 años de edad y quien, tras el fallecimiento de su padre, solicitó la sustitución pensional, sin que la Policía Nacional accediera a su otorgamiento, por considerar que carecía de las pruebas para demostrar su condición de invalidez, entre ellas el dictamen de la Junta Médica de esa institución, y por entender que no era posible realizársela por no ser beneficiario de esta.
Felipe consideró que las accionadas vulneraban sus derechos al impedirle acceder efectivamente a dicha calificación, pese a que contaba con un dictamen de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo que le impedía el disfrute de la pensión que en vida le fue otorgada a su padre, quien velaba por su apoyo económico y emocional. En su criterio, las barreras administrativas que le fueron impuestas lesionaban injustamente sus garantías constitucionales, entre ellas al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social.
La Sala Segunda de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, protegió los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de Felipe.
Al efecto recordó que el hijo inválido que reclame la sustitución de una pensión reconocida por la Policía Nacional sólo debe acreditar
- el parentesco con el causante
- la situación de invalidez anterior a la fecha del fallecimiento de aquel
- su dependencia económica
En criterio de la Sala, la Unidad Prestadora de Salud de la Policía Nacional no debió negarse a realizar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral a partir de las normas que regulan la calidad de beneficiarios del subsistema de salud, pues el subsistema pensional de los miembros de la Policía Nacional no impide que los eventuales beneficiarios de la sustitución pensional soliciten dicha calificación después de superar los 25 años.
También la Sala de Revisión consideró que el Grupo de Pensiones de la Policía Nacional no debió negarse al reconocimiento pensional y que le correspondía acoger el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación de invalidez, aportado por Felipe, pues los dictámenes de la Junta Médica de aquella institución no son una prueba solemne ni única para el efecto.
Además, la Sala de Revisión estimó que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban el parentesco entre Felipe y su padre, que la patología fue anterior a su muerte y que dependía económicamente de este. En consecuencia, la Corte le ordenó a una de las accionadas reconocer la sustitución pensional a favor de Felipe, incluyendo el pago del retroactivo, con la respectiva inclusión en nómina.
La Corte exhortó a la Policía Nacional a que, para los efectos de las solicitudes pensionales por parte de los posibles beneficiarios de prestaciones de sustitución que señala el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, tenga en cuenta la calificación de invalidez realizada con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan la determinación de dicho estado. Asimismo, le indicó que no puede rechazar una solicitud de valoración de pérdida de capacidad laboral bajo el argumento de que la fecha de estructuración de la invalidez debe ser anterior a los 25 años de edad del solicitante.
Sentencia T-451 de 2025
M.P. Juan Carlos Cortés González
Noticias Nacionales
¿Por qué el 15 de enero es la fecha clave de SINIGAN V6?
En los últimos días, productores y ganaderos han recibido información sobre el registro en SINIGAN V6 y la fecha del 15 de enero. Desde el sistema, es importante aclarar con precisión qué representa esta fecha y por qué es fundamental actuar oportunamente.
Es importante señalar que, después del 15 de enero, los productores y transportadores podrán continuar registrándose en SINIGAN V6. No obstante, esta fecha marca el cierre de la etapa de registro prioritario, un periodo clave para garantizar que la información de los predios y los datos de vacunación migren de manera más rápida, ordenada y oportuna al nuevo sistema.
A partir del 15 de enero iniciará la etapa de validación de predios. Durante esta fase, los productores y ganaderos podrán consultar en el sistema cuáles son los predios que tienen cargados y asociados a su información, datos que alimentan directamente el ciclo de vacunación. Es importante precisar que únicamente en el caso de que un predio previamente registrado no aparezca reflejado en la plataforma, el productor deberá acercarse a la oficina más cercana del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para realizar la verificación correspondiente. Fuera de esta situación puntual, no es necesario acudir a las oficinas, ya que el proceso se gestiona directamente a través del sistema.
SINIGAN V6 representa un avance significativo en la gestión de la información ganadera del país. Esta nueva versión fue desarrollada para ofrecer una plataforma más intuitiva, ágil y eficiente, que simplifica los procesos administrativos y mejora la experiencia de los usuarios. Entre sus principales beneficios se destacan la actualización en tiempo real de la información de los predios, una mayor estabilidad del sistema y la optimización de los tiempos de respuesta en trámites clave para el sector.
Realizar el registro durante esta etapa prioritaria facilita los procesos posteriores, permite contar con información actualizada y contribuye a que los trámites se desarrollen con mayor agilidad y eficiencia, tanto para los usuarios como para las entidades responsables de la gestión sanitaria y productiva del país.
Por esta razón, se invita a los productores y ganaderos a realizar su registro en SINIGAN V6 lo antes posible. Hacerlo a tiempo no solo beneficia al productor de manera individual, sino que fortalece el funcionamiento del sistema en su conjunto, al garantizar datos confiables y procesos más fluidos para todos los actores del sector.
SINIGAN V6 fue diseñado para ser un sistema más fácil, más rápido y más eficiente, pensado para acompañar al sector agropecuario con herramientas que respondan a sus necesidades y aporten a una mejor gestión de la información ganadera en Colombia.

Noticias Nacionales
Ecopetrol fortalece la producción láctea en la vereda Manoguía de Aguazul
Ecopetrol entregó equipamiento para fortalecer la producción artesanal de lácteos en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul, beneficiando a 22 productores ganaderos que desarrollan esta actividad a escala familiar.

La dotación incluyó 330 elementos, entre ellos: baldes de ordeño, calderos, cantinas lecheras, coladores, utensilios en acero inoxidables y mesones de trabajo; los cuales permiten mejorar los procesos de transformación, higiene e inocuidad de los productos lácteos.
Para Wilmar Cuevas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Manoguía, el proyecto es una oportunidad de transformación productiva: “Hoy estamos contentos: la comunidad, los finqueros, este es un proyecto para mejorar la calidad de vida de la gente. Es como cambiar el chip petrolero por el sector agropecuario”.

Esta entrega hace parte del proyecto “Soluciones integrales ganaderas en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul del departamento de Casanare, como parte del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) de Ecopetrol 2021- 2022, convenio de exploración y producción de hidrocarburos Área Santiago de las Atalayas”, que contempla una inversión de $682 millones.
“El objetivo es fortalecer la producción ganadera familiar y generar valor agregado en el territorio, a través de acompañamiento técnico, formación y dotación adecuada”, señaló Jorge Martín Camargo, jefe Territorial Ambiental de Ecopetrol para Casanare.
El proyecto se ejecuta mediante un acuerdo de cooperación con la Asociación de Municipios del Meta (Asmeta) e incluye acompañamiento técnico, fortalecimiento de capacidades productivas, entrega de insumos, transferencia de conocimientos y mejora genética para incrementar la calidad y producción de leche en sistemas ganaderos familiares.
Con el avance de estas iniciativas, Ecopetrol reafirma su compromiso con el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades del área de influencia de sus operaciones.
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