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Contrabandistas capturados en Medellín

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• Fueron capturados y judicializados un ciudadano chino, un venezolano y dos colombianas que harían parte de la organización ilegal.

• Son señalados de alquilar bodegas en Medellín para acopiar confecciones de procedencia asiática que ingresaban irregularmente a Colombia.

La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), identificó a cuatro presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de almacenar mercancía que ingresaba de contrabando al país y coordinar su comercialización en diferentes sectores de Medellín (Antioquia).

Se trata del ciudadano chino Yunguan Lin, representante legal de una empresa que registró como objeto social la venta de textiles; el venezolano José Francisco Rumbos Paternina, y las colombianas Yury Alejandra Loaiza Calle y Elizabeth Zapata Echeverry.

Estas personas, al parecer, participaron en la constitución de empresas de papel y en el alquiler de bodegas en el área metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia).

Los elementos de prueba indican que en los inmuebles eran acopiadas prendas de vestir y otras confecciones provenientes de Asia, que entraban a Colombia de manera irregular.

En el curso de la investigación se han realizado cinco procedimientos distintos en contra de la estructura delictiva, en los que se ha aprendido mercancía avaluada en más de 11.302 millones de pesos.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales imputó a los posibles involucrados en el entramado ilegal los delitos de concierto para delinquir y favorecimiento al contrabando.

Por disposición del juez de control de garantías, el ciudadano chino deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia; mientras que los demás seguirán vinculados a la investigación.

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Privada de la libertad exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova

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La señalan de trasladar coimas relacionadas con las irregularidades de contratación en LA UNGRD.

Sandra Liliana Ortiz Nova es señalada de recibir 3.000 millones de pesos de los involucrados en los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.

Luego de valorar los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida aseguramiento de detención preventiva a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.

La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.

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Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.

Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.

Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad.

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Reconoció haber asesinado a un hombre y fue enviado a la cárcel.

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Judicializado presunto responsable del homicidio de un hombre en vichada

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Edwin Cumanaica Gaitán, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano, ocurrido el pasado 15 de noviembre, en una finca en zona rural de Cumaribo (Vichada).

Un fiscal seccional en Vichada le imputó el delito de homicidio agravado.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La investigación permitió establecer que el procesado sostuvo una discusión con la víctima, en ese momento habría sacado un arma de fuego de su habitación y le disparó causándole la muerte. El hombre huyó del lugar y posteriormente se presentó ante las autoridades.

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Allí aceptó ser el responsable de la muerte de la víctima.

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Judicializados tres extorsionistas en el Meta

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La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió la judicialización de tres personas que estarían involucradas en extorsiones ocurridas en hechos distintos, en Villavicencio y municipios del sur de Meta.

Se trata de Carlos Andrés Arenas Varela, Juan Carlos Ríos Garzón y Johan Sebastián Canchón Fajardo.

Fiscales Gaula les imputaron, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de extorsión, tentativa de extorsión y hurto calificado, todas las conductas agravadas.

Los cargos no fueron aceptados y jueces de control de garantías les impusieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.

Inicialmente, Arenas Varela fue capturado en vía pública del sur de Villavicencio (Meta), cuando recibía 200.000 pesos de una joven, de 15 años, producto de una extorsión.

Por su parte, Ríos Garzón, al parecer, le hacía exigencias económicas a agricultores y ganaderos de Fuentedeoro, San Juan de Arama y Granada (Meta).

El hombre indicaba ser integrante de las disidencias de las Farc para intimidar a las víctimas. Los cobros, presuntamente, oscilaban entre 3 y 30 millones de pesos, a cambio de no ser declarados objetivos militares.

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Finalmente, Canchón Fajardo fue capturado en flagrancia en el área rural de Puerto Lleras (Meta), donde presuntamente, estaba exigiendo dinero desde noviembre del año en curso, a los dueños de fincas de las veredas Unión y Caribe de ese municipio.

Estos hombres fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Grupo Gaula del Ejército Nacional, en Villavicencio, Granada y Puerto Lleras (Meta)

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