Medidas jurídicas a 35 bienes de empresas ligadas al lavado de activos a través de operaciones de comercio exterior

• Los bienes avaluados en cerca de 7.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos o utilizados para ocultar operaciones ilícitas en varias regiones del país.

• Las investigaciones fueron adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y evidenciaron que las empresas importaban mercancía de Estados Unidos y China.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas jurídicas sobre 35 bienes muebles e inmuebles, que estarían vinculados a una red criminal dedicada al lavado de activos por medio de operaciones de comercio exterior.

La medida busca afectar el músculo financiero de la organización y evitar que los activos sean negociados, transferidos o reutilizados en actividades ilícitas.

El valor de los bienes se aproxima a los 7.000 millones de pesos y están ubicados en Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo (Antioquia), Cartagena y Arjona (Bolívar) y Aguadas (Caldas).

Las investigaciones adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), evidenciaron que las empresas involucradas habrían importado equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China, mediante estructuras contables, financieras y sociedades comunes.

Estas operaciones generaron alertas por inconsistencias tributarias, incrementos patrimoniales no justificados y vínculos familiares entre sus representantes legales. Además, se identificó una red delictiva que desde 2016, habría consolidado una infraestructura económica y societaria orientada a la defraudación tributaria y el lavado de activos.

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Las investigaciones y análisis patrimoniales, económicos y financieros evidencian que las empresas y sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero.

Las medidas se adoptan después de que seis presuntos integrantes de la red ilegal fueran judicializados por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Así lo dio a conocer mediante un Pronunciamiento sobre situación en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo:

Nuevamente, el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos que hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá, hechos que ya habían sido advertidos en la AT 001 de enero de este año.

Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc, Bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá Córdoba y Bloque Amazonas al mando de alias Ivàn Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio aledañas de San José del Guaviare.

Desde el pasado 26 de mayo de 2025, la comunidad que habita y transita por la conocida “Trocha Ganadera”, que conecta a cerca de 60 veredas y aproximadamente 10.000 personas, ha sido víctima de confinamiento, derivado de la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.

Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.

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De manera alarmante, la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.

Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la Alerta Temprana 001 de 2025. En comunicación del sábado 31 de mayo dirigida al Ministerio del Interior, le pedimos al Gobierno Nacional:

● La convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.

● La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.

● La adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales.

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Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación.

Con el objetivo de brindar apoyo digno a los casanareños que deben desplazarse a Bogotá por motivos médicos, la Gobernación de Casanare puso en funcionamiento el hogar de paso MiCasaNare, una iniciativa gestionada sin contratos, y con profundo sentido social y humano.

El inmueble, entregado en comodato por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuenta inicialmente con 30 camas habilitadas y todas las comodidades necesarias: cocina equipada, comedor, lavadora, nevera, salas de televisión, entre otros espacios acondicionados para ofrecer bienestar a pacientes y acompañantes durante su estadía en la capital.

Este logro fue posible gracias al compromiso de la gestora social del departamento, Diana Soler, quien lideró el diseño interior y articuló esfuerzos con las secretarías de Infraestructura, Integración, Desarrollo Social y Mujer. A este trabajo conjunto se sumaron empresarios y ciudadanos que participaron en la cena solidaria y subasta benéfica, eventos que permitieron reunir los fondos para dotar completamente la casa con muebles y electrodomésticos.

“No se trata solo de infraestructura, sino de dignidad. Hoy las familias vulnerables de Casanare que viajan por salud tienen un techo, una cama caliente y un lugar donde preparar sus alimentos. Este es un sueño de años que hoy se materializa con gestión, voluntad y amor por nuestro pueblo”, expresó el gobernador César Ortiz Zorro.

Gran parte de las adecuaciones se realizaron con mano de obra de trabajadores de la misma Gobernación, lo que demuestra que, con gestión y sentido de pertenencia, también se pueden lograr iniciativas de alto impacto para quienes más lo necesitan.

El hogar de paso MiCasaNare estará disponible en el transcurso de la próxima semana para recibir a pacientes casanareños de escasos recursos que requieran atención médica en Bogotá, acompañados por un familiar o cuidador.