Judicial
Condenados 8 agresores de animales en Colombia
Los hechos que motivaron las sentencias ocurrieron en Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, La Guajira, Risaralda y Santander.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha Especial contra el Maltrato Animal (Gelma) obtuvieron sentencias condenatorias contra ocho personas que causaron graves afectaciones a perros y gatos, en municipios de seis departamentos del país.
Todas fueron declaradas responsables del delito de maltrato animal. Cundinamarca y Boyacá El 24 de mayo de 2023, en la vereda San José de Pacho (Cundinamarca), Jacinto Hernando Romero Espitia golpeó con un palo de guadua a un perro llamado ‘Max’.
El animal fue trasladado a un médico veterinario, pero su estado de salud era crítico y le fue aplicada la eutanasia humanitaria.
Por estos hechos fue sentenciado a 6 meses de prisión y multa equivalente a 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por su parte, Helmer Andrés Díaz González recibió una pena de 18 meses de prisión y una multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por su responsabilidad en la agresión con arma blanca a dos caninos en Chaguaní (Cundinamarca).
El 28 de enero de 2023, en Caldas (Boyacá), Gilber Albeiro Bravo, atacó con un machete a un pastor alemán llamado ‘Toreto’.
El animal fue intervenido quirúrgicamente en una de sus extremidades.
El agresor fue sentenciado a 6 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo.
Asimismo, Bernardo Molina Vásquez fue condenado a 6 meses de prisión por ocasionarle la muerte con arma de fuego a una canina llamada ‘Princesa’, el pasado 16 de enero, en una finca aledaña a un albergue de animales en zona rural de Muzo (Boyacá).
La Guajira y Bolívar El 28 de noviembre de 2023, en vía pública de Riohacha (La Guajira), Ángel Alfonso Leyva Flórez golpeó con un bate a una canina llamada ‘Yuli’, y posteriormente la arrastró hacia un matorral con sus cuatro cachorros.
El animal sufrió heridas de consideración en los ojos y perdió la visión. El agresor fue condenado a 9 meses de prisión.
En Cartagena (Bolívar) fue sentenciado a 15 meses de prisión Robinson Emilio Zabala.
Los hechos que se le atribuyen ocurrieron 27 de marzo de 2020, cuando atacó con un arma blanca a un canino causándole la muerte. Santander César Eduardo Blanco Castillo recibió una sentencia de 12 meses de prisión por dispararle a un perro labrador, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
La agresión ocurrió el 6 de marzo de 2021, en el barrio Pablo Acuña, en Barrancabermeja (Santander).
Risaralda El 7 de marzo de 2021, en Dosquebradas (Risaralda), María Alicia Miranda Rodríguez atacó a un gato que se había perdido días antes.
En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la mujer sacó al felino lesionado de su vivienda, y lo abandonó en la calle.
Por estos hechos fue sentenciada a 18 meses de prisión, inhabilidad para la tenencia de animales por 2 años y una multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Judicializados presuntos responsables de crimen de dos menores de edad en Malambo (Atlántico).
Las víctimas de 14 y 17 años fueron encontradas sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego y signos de asfixia.
Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de dos hermanas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en zona rural de Malambo (Atlántico), permitieron identificar y judicializar a Juan David Taboada Olivera y a un joven de 17 años.
Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero.
Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría.
Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas.
Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición judicial, el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.
La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.
Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por presuntamente direccionar un contrato en favor de una persona cercana.
El funcionario habría ordenado al presidente de una empresa filial a la estatal petrolera asignar un proyecto gasífero en La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.
En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado.
Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.
La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.
El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Afectado grupo delincuencial señalado de diseñar huellas decadactilares de látex para suplantar personas y solicitar créditos de manera fraudulenta.
Seis personas fueron judicializadas, entre ellas la asesora de una entidad bancaria. Ibagué (Tolima), La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener créditos de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.
Se trata de Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.
Estas personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos como la recopilación de datos de las víctimas y de las cartas dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con esta información, presuntamente elaboraban huellas de látex y cédulas falsas con las fotografías de los posibles integrantes de la red delincuencial, con el propósito de superar los controles biométricos de entidades financieras.
De esta manera, Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, al parecer, facilitaba la aprobación de las tarjetas de crédito y otros productos.
La labor investigativa permitió conocer y asociar 25 hechos delictivos en los que fueron apropiados 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con las presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.
Cuatro de los procesados aceptaron cargos.
Por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
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