Judicial
Condenados 8 agresores de animales en Colombia
Los hechos que motivaron las sentencias ocurrieron en Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, La Guajira, Risaralda y Santander.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha Especial contra el Maltrato Animal (Gelma) obtuvieron sentencias condenatorias contra ocho personas que causaron graves afectaciones a perros y gatos, en municipios de seis departamentos del país.
Todas fueron declaradas responsables del delito de maltrato animal. Cundinamarca y Boyacá El 24 de mayo de 2023, en la vereda San José de Pacho (Cundinamarca), Jacinto Hernando Romero Espitia golpeó con un palo de guadua a un perro llamado ‘Max’.
El animal fue trasladado a un médico veterinario, pero su estado de salud era crítico y le fue aplicada la eutanasia humanitaria.
Por estos hechos fue sentenciado a 6 meses de prisión y multa equivalente a 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por su parte, Helmer Andrés Díaz González recibió una pena de 18 meses de prisión y una multa de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por su responsabilidad en la agresión con arma blanca a dos caninos en Chaguaní (Cundinamarca).
El 28 de enero de 2023, en Caldas (Boyacá), Gilber Albeiro Bravo, atacó con un machete a un pastor alemán llamado ‘Toreto’.
El animal fue intervenido quirúrgicamente en una de sus extremidades.
El agresor fue sentenciado a 6 meses de prisión e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo.
Asimismo, Bernardo Molina Vásquez fue condenado a 6 meses de prisión por ocasionarle la muerte con arma de fuego a una canina llamada ‘Princesa’, el pasado 16 de enero, en una finca aledaña a un albergue de animales en zona rural de Muzo (Boyacá).
La Guajira y Bolívar El 28 de noviembre de 2023, en vía pública de Riohacha (La Guajira), Ángel Alfonso Leyva Flórez golpeó con un bate a una canina llamada ‘Yuli’, y posteriormente la arrastró hacia un matorral con sus cuatro cachorros.
El animal sufrió heridas de consideración en los ojos y perdió la visión. El agresor fue condenado a 9 meses de prisión.
En Cartagena (Bolívar) fue sentenciado a 15 meses de prisión Robinson Emilio Zabala.
Los hechos que se le atribuyen ocurrieron 27 de marzo de 2020, cuando atacó con un arma blanca a un canino causándole la muerte. Santander César Eduardo Blanco Castillo recibió una sentencia de 12 meses de prisión por dispararle a un perro labrador, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
La agresión ocurrió el 6 de marzo de 2021, en el barrio Pablo Acuña, en Barrancabermeja (Santander).
Risaralda El 7 de marzo de 2021, en Dosquebradas (Risaralda), María Alicia Miranda Rodríguez atacó a un gato que se había perdido días antes.
En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que la mujer sacó al felino lesionado de su vivienda, y lo abandonó en la calle.
Por estos hechos fue sentenciada a 18 meses de prisión, inhabilidad para la tenencia de animales por 2 años y una multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Radicado escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, señalado cabecilla de una red que favorecía el contrabando.
Deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando al país y corromper funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal.
La diligencia de formalización de la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer se realizará en la fecha que disponga el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que le correspondió por reparto el proceso.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.
El 24 de enero del año en curso una juez de control de garantías de Bogotá declaró en contumacia al hoy procesado, luego de no atender tres citaciones y manifestar su intención de no comparecer ante la justicia colombiana.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía afecta a red delictiva señalada de gestionar visas estadounidenses con información falsa.
Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024.
Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias.
De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).
La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.
Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.
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