Judicial
Condenado hombre por amenazar a la expresidenta de la JEP
· Jhon René Gelvez Gelvez, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, envió una carta con mensajes intimidatorios en contra de la magistrada.
· En otras acciones investigativas, la Fiscalía esclareció las amenazas en contra del defensor de derechos humanos, Guillermo Díaz Tapias; y el secretario general de la Procuraduría General de la Nación.
Un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos recopiló pruebas suficientes para identificar al autor de las intimidaciones en contra de la expresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mirtha Patricia Linares Prieto.
Se trata de Jhon René Gelvez Gelvez, alias Orbitel, quien desde la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) ‘La Tramacúa’, donde permanece privado de la libertad, redactó y envió una carta al despacho de la magistrada, el 1 de abril de 2019.
El mensaje contenía frases amenazantes, insultos y anticipaba posibles acciones violentas en nombre de un supuesto grupo armado ilegal.
Estas expresiones generaron zozobra y temor a la víctima y su familia. Ante la contundencia de las evidencias en su contra, Gelvez Gelvez aceptó su responsabilidad.
En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Valledupar (Cesar) lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Fiscalía esclarece amenazas contra defensor de derechos humanos Un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo condena de dos años y cuatro meses de prisión en contra de Alexis Mosquera Rentería, un señalado integrante del ‘Clan del Golfo’ que amenazó de muerte a su compañera sentimental, el 13 de septiembre de 2017; y al defensor de derechos humanos, Guillermo Díaz Tapias, el 15 de enero de 2018. Los hechos objeto de investigación ocurrieron en Belén de Bajirá (Chocó).
A Mosquera Rentería un juez penal de conocimiento de Quibdó (Chocó) lo sentenció por el delito de amenazas. Judicializado conductor que habría amenazado a alto funcionario de la Procuraduría Fiscales de la Seccional Bogotá y del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron ante un juez de control de garantías a Cristian Enrique Medina Hernández, como posible responsable de dirigir amenazas en contra del secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Carlos Alberto Castellanos Araujo.
Los elementos de prueba indican que el hoy procesado, quien era conductor de la víctima, habría aprovechado esa cercanía para hacer comentarios intimidatorios en contra del funcionario, a través de una red social.
Judicial
Capturados con fines de extradición presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’
Cuatro presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico transnacional fueron capturados con fines de extradición, señalados de movilizar cargamentos de clorhidrato de cocaína desde distintas zonas de producción ilegal en Colombia hacia puntos costeros, desde donde se coordinaba su envío a destinos internacionales.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en articulación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), logró la captura de los ciudadanos Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los municipios de Rionegro (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una solicitud formal de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que los requiere por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, los capturados serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hasta puntos estratégicos del Caribe colombiano —especialmente en La Guajira— y asegurar su salida en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para el desarrollo de estas actividades, habrían establecido alianzas criminales con estructuras del ELN y del ‘Clan del Golfo’.
La Fiscalía indicó que a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya se le atribuye el contacto con organizaciones narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás implicados estarían vinculados al almacenamiento de la droga, la definición de rutas marítimas, el soporte logístico y el abastecimiento de las embarcaciones y sus tripulaciones.
Judicial
Por crimen de dos policías en el suroeste antioqueño fue judicializado presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Argiro Cossio, alias Guajiro, señalado cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del ‘Clan del Golfo’, por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos integrantes de la Policía Nacional ocurridos en el suroeste antioqueño durante el año 2025.
De acuerdo con el material probatorio, alias Guajiro habría participado en la activación de un artefacto explosivo el 16 de abril de 2025 en zona rural del municipio de Salgar (Antioquia). En este ataque perdió la vida el subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona.
Posteriormente, el 10 de julio de 2025, al parecer, ejecutó el asesinato del patrullero Luis Carlos González Bejarano en el corregimiento Santa Rita, municipio de Andes (Antioquia). Según la investigación, el uniformado fue atacado en varias oportunidades con arma de fuego y el agresor huyó del lugar.
Un fiscal de la Seccional Antioquia imputó al procesado los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
Durante las audiencias preliminares, el acusado no se allanó a los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Alias Guajiro fue capturado tras un enfrentamiento armado entre el grupo ilegal y la Policía Nacional, procedimiento en el que se incautaron armas, municiones de diferentes calibres, radios de comunicación y otros elementos de interés para la investigación.
Judicial
No sabían hacer operaciones estéticas
Fiscalía adiciona nuevos hechos a imputación de tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos en Medellín sin tener la idoneidad.
En audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera voluntaria su presunta participación en todos los hechos atribuidos.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia), sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
En el desarrollo de la audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas y otras personas, habrían realizado numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.
Las investigadas, al parecer, participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.
El material probatorio recopilado estableció que cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, trasladaban su operación a otros barrios.
La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres a raíz de las intervenciones sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.
Estas mujeres permaneces privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025.
Por estos hechos, la Fiscalía también judicializó de Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, las dos señaladas articuladoras de la actividad delincuencial.
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