Judicial
Condenado hombre por amenazar a la expresidenta de la JEP
· Jhon René Gelvez Gelvez, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, envió una carta con mensajes intimidatorios en contra de la magistrada.
· En otras acciones investigativas, la Fiscalía esclareció las amenazas en contra del defensor de derechos humanos, Guillermo Díaz Tapias; y el secretario general de la Procuraduría General de la Nación.
Un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos recopiló pruebas suficientes para identificar al autor de las intimidaciones en contra de la expresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mirtha Patricia Linares Prieto.
Se trata de Jhon René Gelvez Gelvez, alias Orbitel, quien desde la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar) ‘La Tramacúa’, donde permanece privado de la libertad, redactó y envió una carta al despacho de la magistrada, el 1 de abril de 2019.
El mensaje contenía frases amenazantes, insultos y anticipaba posibles acciones violentas en nombre de un supuesto grupo armado ilegal.
Estas expresiones generaron zozobra y temor a la víctima y su familia. Ante la contundencia de las evidencias en su contra, Gelvez Gelvez aceptó su responsabilidad.
En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Valledupar (Cesar) lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Fiscalía esclarece amenazas contra defensor de derechos humanos Un fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo condena de dos años y cuatro meses de prisión en contra de Alexis Mosquera Rentería, un señalado integrante del ‘Clan del Golfo’ que amenazó de muerte a su compañera sentimental, el 13 de septiembre de 2017; y al defensor de derechos humanos, Guillermo Díaz Tapias, el 15 de enero de 2018. Los hechos objeto de investigación ocurrieron en Belén de Bajirá (Chocó).
A Mosquera Rentería un juez penal de conocimiento de Quibdó (Chocó) lo sentenció por el delito de amenazas. Judicializado conductor que habría amenazado a alto funcionario de la Procuraduría Fiscales de la Seccional Bogotá y del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron ante un juez de control de garantías a Cristian Enrique Medina Hernández, como posible responsable de dirigir amenazas en contra del secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Carlos Alberto Castellanos Araujo.
Los elementos de prueba indican que el hoy procesado, quien era conductor de la víctima, habría aprovechado esa cercanía para hacer comentarios intimidatorios en contra del funcionario, a través de una red social.
Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander
Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.
Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.
En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
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