Judicializados presuntos integrantes de grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes en Villavicencio

La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Los Paisas, que estaría involucrado en actividades de narcomenudeo y otros hechos delictivos, en el sector conocido como el hueco en el sur de Villavicencio (Meta).

Un fiscal de la Seccional Meta les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto calificado y agravado; homicidio; y uso de menores en la comisión de delitos.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación los hoy procesados, al parecer, se concertaron y cumplieron roles específicos para apoderarse de los puntos de venta de estupefacientes del sector e instrumentalizaron menores de edad para las actividades ilícitas.

También se les atribuye el crimen de un menor de edad ocurrido en junio de 2025, que habría sido asesinado porque se negó a ingresar al grupo delincuencial.

Otro de los hechos en los que presuntamente participaron, se presentó en julio de 2025 en una finca ubicada en el área rural de Villavicencio, donde, sometieron a los ocupantes, los amenazaron y se apoderaron de una motocicleta, celulares y otras pertenencias, avaluadas en 40 millones de pesos.

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Durante el desarrollo de seis diligencias de allanamiento y registro realizadas por la Policía Nacional, se capturaron a Danny Daniel Soto Jiménez, José Joaquín Vera Gaitán, Brayan Smith Pinzón Lesmes, Harrison Espinosa Pulgarín, Diego Alejandro Vélez Alonso, José Mauricio Lesmes Díaz, Miguel Ángel Rodríguez Díaz y Luz Janeth Saavedra Guerrero.

Además, se logró la incautación de estupefacientes, y elementos utilizados para su dosificación. Un juez de control de garantías impuso tres medidas de aseguramiento en centro carcelario y dos en lugar de domicilio.

En Meta fue enviada a la cárcel una mujer que agredió físicamente a dos de sus hijas menores de edad

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio (Meta).

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

La mujer no aceptó los cargos. De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja.

La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró.

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Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana.

Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio (Meta).

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Junior Alexander Niño Pérez, presunto responsable del asesinato de una mujer y su hija de 17 años en zona rural de Puerto Gaitán (Meta).

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre el 5 y el 6 de abril de 2024 en la vereda Alto Manacías, donde el procesado habría asfixiado a las víctimas, al parecer, por una deuda económica.

Los cuerpos fueron encontrados seis días después en un sector apartado del municipio. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó a Niño Pérez el delito de feminicidio agravado, cargos que no fueron aceptados por el investigado.

Las autoridades destacaron que la decisión judicial busca garantizar la seguridad de la comunidad y el desarrollo del proceso penal, mientras avanza la investigación para esclarecer completamente los móviles del crimen.