Judicial
Cárcel para asesino de tres personas en Paz De Ariporo
Dos de las víctimas habrían sido retenidas en contra de su voluntad, una más era un vendedor de tintos que se negó a recibir como pago una bala.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Yurledinson Julián Parra Ferreira, alias El Flaco, señalado integrante de las disidencias de las Farc que habría participado en el homicidio de tres personas, el pasado 10 de febrero, en Paz de Ariporo (Casanare).
De acuerdo con el material probatorio, un día antes de los hechos investigados, el hoy procesado departía en un establecimiento de comercio con otro hombre, donde conoció a una de las víctimas a quien convidó a ir a un ‘amanecedero’.
En ese lugar se presentó un altercado, porque alias El Flaco disparó indiscriminadamente al aire. Posteriormente, amenazaron a la víctima que los acompañaba y abordaron su carro para tomar camino a un sitio desconocido.
En el trayecto intimidaron a una mujer y la obligaron a abordar el automotor. Minutos después, con el vehículo en movimiento, le habrían causado la muerte al primer hombre.
En el recorrido detuvieron el automóvi, que presuntamente era conducido por Parra Ferrerira, para solicitarle indicaciones a un transeúnte, a quien después de escuchar también le habrían disparado ocasionándole la muerte.
Metros adelante lanzaron el cuerpo de la víctima que todavía viajaba en el carro y tomaron la vía que conduce de Hato Corozal a Sácama (Casanare).
Luego de avanzar al destino escogido, alias El Flaco detuvo la marcha para comprar un tinto y el hombre que lo acompañaba le ofreció una bala al vendedor como parte de pago.
Como esta persona rechazó la propuesta, también lo asesinó.
Tras el tercer crimen, los dos ocupantes del vehículo quemaron el automotor para ocultar la evidencia.
En la investigación se acreditó que la mujer retenida fue golpeada, trasladada a un hotel, y obligada a lavar la ropa y limpiar los billetes manchados de sangre. Allí fue dejada amarrada.
Por todo lo anterior, una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Dirección de Apoyo Territorial imputó a Parra Ferreira los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El procesado no aceptó los cargos y deberá continuar en centro carcelario, en el entendido de que permanece privado de la libertad por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir.
Judicial
Privada de la libertad exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova
La señalan de trasladar coimas relacionadas con las irregularidades de contratación en LA UNGRD.
Sandra Liliana Ortiz Nova es señalada de recibir 3.000 millones de pesos de los involucrados en los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.
Luego de valorar los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida aseguramiento de detención preventiva a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.
Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.
Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad.
Judicializado presunto responsable del homicidio de un hombre en vichada
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Edwin Cumanaica Gaitán, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano, ocurrido el pasado 15 de noviembre, en una finca en zona rural de Cumaribo (Vichada).
Un fiscal seccional en Vichada le imputó el delito de homicidio agravado.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación permitió establecer que el procesado sostuvo una discusión con la víctima, en ese momento habría sacado un arma de fuego de su habitación y le disparó causándole la muerte. El hombre huyó del lugar y posteriormente se presentó ante las autoridades.
Allí aceptó ser el responsable de la muerte de la víctima.
La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió la judicialización de tres personas que estarían involucradas en extorsiones ocurridas en hechos distintos, en Villavicencio y municipios del sur de Meta.
Se trata de Carlos Andrés Arenas Varela, Juan Carlos Ríos Garzón y Johan Sebastián Canchón Fajardo.
Fiscales Gaula les imputaron, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de extorsión, tentativa de extorsión y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
Los cargos no fueron aceptados y jueces de control de garantías les impusieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.
Inicialmente, Arenas Varela fue capturado en vía pública del sur de Villavicencio (Meta), cuando recibía 200.000 pesos de una joven, de 15 años, producto de una extorsión.
Por su parte, Ríos Garzón, al parecer, le hacía exigencias económicas a agricultores y ganaderos de Fuentedeoro, San Juan de Arama y Granada (Meta).
El hombre indicaba ser integrante de las disidencias de las Farc para intimidar a las víctimas. Los cobros, presuntamente, oscilaban entre 3 y 30 millones de pesos, a cambio de no ser declarados objetivos militares.
Finalmente, Canchón Fajardo fue capturado en flagrancia en el área rural de Puerto Lleras (Meta), donde presuntamente, estaba exigiendo dinero desde noviembre del año en curso, a los dueños de fincas de las veredas Unión y Caribe de ese municipio.
Estos hombres fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Grupo Gaula del Ejército Nacional, en Villavicencio, Granada y Puerto Lleras (Meta)
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