Noticias Nacionales
1310 casos de violencia contra las mujeres en los dos primeros meses de este año

Las barreras que siguen enfrentando en la atención de la violencia basada en género terminan constituyéndose en violencia institucional. Una barrera que preocupa a la entidad de derechos humanos es la relacionada con el vencimiento de términos, particularmente en casos de feminicidio.
La escasa implementación de servicios de casas refugio, casas albergue, entre otros, se configura en una de las principales barreras que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas con riesgo feminicida, lo que las deja desprotegidas y en muchos casos deban regresar con el agresor.
Para el Defensor del Pueblo, es primordial el fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que toda la institucionalidad rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en el país.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó este jueves un balance sobre las barreras que continúan enfrentando las mujeres en la atención de la violencia basada en género, aspecto que preocupa, toda vez que terminan constituyéndose en violencia institucional, al tiempo que entregó cifras recientes de agresiones de las que vienen siendo víctimas.
“La violencia que enfrentan las mujeres en el país sigue siendo altamente preocupante. Tan solo en los dos primeros meses del año tuvimos conocimiento de 1310 casos, de los cuales 59 corresponden a mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio y nueve, a mujeres víctimas de feminicidio y en cuyos casos acompañamos a sus familias”, expresó el Defensor del Pueblo durante su intervención en el ‘Congreso Internacional de Derechos Humanos: Género y Enfoque Diferencial’, organizado por la Procuraduría General de la Nación y llevado a cabo en Barranquilla.
Una barrera central, principalmente en casos de feminicidio, es el vencimiento de términos, que genera la libertad de incluso agresores capturados en flagrancia o que se entregaron a las autoridades. “Motivo por el que desde nuestra Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género hacemos un trabajo importante de incidencia en esos casos, justamente para lograr interrumpir el vencimiento de términos y dar garantías judiciales a las víctimas”, aseguró Camargo Assis.
La escasa implementación de casas protectoras
El Defensor, así mismo, habló sobre la escasa implementación de servicios de casas refugio, casas albergue, servicios hoteleros o subsidios monetarios, lo cual constituye una de las principales barreras que enfrentan las mujeres, sobre todo aquellas con riesgo feminicida, situación que las deja desprotegidas y en muchos casos deban regresar con el agresor.
Conforme al monitoreo de la entidad de derechos humanos, identificó que, al cierre del 2023, en Colombia había en funcionamiento siete casas refugio en el nivel departamental con estrategia de atención integral, es decir, más del 60 % de departamentos del país carece de este tipo de estrategia necesaria después de más de diez años de expedición de la ley que las exige. En lo relacionado con las casas albergue o casas de acogida, están en funcionamiento 11 en todo el país.
Más Comisarías de Familia y un mayor enfoque de género
El Defensor del Pueblo también manifestó su preocupación sobre el “déficit” de Comisarías de Familia, que juegan un papel fundamental, “pues son la entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”. Agregó que hay ausencia de instalaciones dignas en cientos de comisarías en el país, y requieren ser fortalecidas.
Entre los varios retos que mencionó el Defensor, dejó claro que es relevante aterrizar el enfoque de género: “Porque a pesar del gran desarrollo normativo, no hemos podido establecer mecanismos eficientes para mitigar la violencia y evitar que escale”.
La respuesta al riesgo feminicida debe comprometer a toda la institucionalidad
Añadió que es importante gestionar la respuesta al riesgo feminicida, que involucra a toda la institucionalidad, y debe contemplar medidas para la autonomía económica, con el propósito de que las mujeres, sus hijos e hijas puedan romper la dependencia económica con el agresor y el ciclo de violencia.
“A pesar de toda la inversión en materia de prevención, las mujeres continúan enfrentándose a operadores judiciales y policivos que ponen en duda el relato de las víctimas, factor negativo que desincentiva la denuncia”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
Es importante señalar que los casos reportados por la Defensoría del Pueblo obedecen en su gran mayoría a víctimas directas e indirectas que han enfrentado múltiples revictimizaciones y que, en razón a la confianza depositada en la entidad, buscan el acompañamiento de la entidad.
“Como Defensoría, en el trabajo permanente que hacemos en los territorios, nos seguimos encontrando con servidores públicos que no conocen o no aplican la norma, que siguen permeados por estereotipos de género. Por eso el reto es mayor: debe haber un fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que la institucionalidad en su conjunto rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia”, remarcó Carlos Camargo Assis.
Noticias Nacionales
Nuevos hallazgos en La Escombrera: La JEP encuentra dos cuerpos de víctimas de desaparición forzada

🔹 En el marco de la búsqueda judicial, el equipo del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación de la JEP realizó el hallazgo de estructuras óseas que corresponderían, al menos, a dos víctimas de desaparición forzada.

🔹 Los hallazgos se dieron en la zona protegida por la medida cautelar, en el área ampliada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en abril de 2025, es decir, a pocos metros de donde fueron ubicadas las primeras cuatro víctimas.

🔹 De manera paralela los días 14 y 15 de julio, en Medellín, la JEP entregó de manera digna los cuerpos de dos víctimas encontradas en enero de 2025. Ambas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente en 2002.

🔹 A la fecha, seis víctimas han sido halladas en La Escombrera y tres han sido identificadas y entregadas a sus seres queridos para darles digna sepultura.
🔹 Estos hallazgos hacen parte del universo provisional de hechos del Subcaso Antioquia, en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares durante el conflicto armado.
Noticias Nacionales
“Colombia puede ser el país de Latinoamérica que con mayor agilidad procesa y difunde los resultados electorales”: registrador nacional, Hernán Penagos

o El segundo encuentro de la alianza interinstitucional para combatir la desinformación y promover un discurso responsable en época electoral se realizó en Manizales.
o Esta es una iniciativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en articulación con la MOE y Colombiacheck.
En Manizales, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio apertura al segundo encuentro realizado como resultado de la alianza interinstitucional para combatir la desinformación y fomentar un discurso respetuoso en el marco de las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.
Durante su intervención, el Registrador Nacional advirtió que el fenómeno de la desinformación representa hoy una amenaza global muy importante porque involucra las libertades y la integridad y tiene mucho que ver con la democracia de
los estados.
“Hoy en casi la totalidad de foros de autoridades electorales que se llevan a cabo en la región el principal tema es el de la desinformación. Los Estados, los gobiernos, pero en especial las autoridades electorales hemos entendido que el fenómeno de la desinformación es muy relevante para los procesos electorales y, por esta razón, hay que ocuparse de ello”, sostuvo.
Agregó que en el pasado Foro Económico Mundial se estableció la desinformación como uno de los elementos importantes de riesgo de la humanidad que, de la mano
de la polarización social, generan circunstancias muy complejas para los Estados.
“Hay datos que así lo evidencian, por ejemplo, 6 de cada 10 personas señalan que las noticias pueden influir de manera importante en su decisión de voto. Piensen ustedes si esas noticias son falsas o tienen que ver con desinformación. Luego, ¿cuánto es el porcentaje de personas que reciben hoy noticias falsas a diario? pero el problema no es que las reciban, sino que no sean capaces de identificar entre
una noticia falsa y una verdadera”, enfatizó.
El Registrador Nacional informó que una de las circunstancias que se han detectado en relación con la integridad de la información en materia electoral tiene que ver con
la falta de conocimiento o de información de la ciudadanía sobre el proceso electoral.
Sobre este tema, recordó que los principales actores del proceso electoral son los jurados de votación: “Los jurados son ciudadanas y ciudadanos que apoyan los procesos electorales en Colombia. Ellos cumplen las dos tareas más importantes
del proceso electoral: contar los votos y diligenciar de manera manual las actas electorales o formularios E-14”.
Luego de ese proceso, continúa la labor de otros actores, que tampoco son funcionarios de la entidad: “Son los jueces y notarios de Colombia que se encargan de validar esas actas y de declarar los resultados en cada uno de los municipios del
país”.
El Registrador Nacional destacó la eficiencia en la divulgación de los resultados electorales y la pluralidad de actores involucrados en el país, señalando que “Colombia puede ser el país de Latinoamérica que con mayor agilidad procesa y
difunde los resultados electorales, en comparación con países como México, Brasil y Argentina. Además, donde más actores participan del proceso electoral: ciudadanos y ciudadanas que son jurados, jueces de la República, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Consejo de Estado o de los tribunales”.
A su vez, resaltó la integridad del sistema electoral colombiano: “El proceso electoral en Colombia está tan diferenciado que es lo que precisamente garantiza que no
haya riesgos de fraudes informáticos. De hecho, la posibilidad de que en Colombia se vote de manera manual, de que las actas se diligencien también de manera manual, es lo que permite disuadir cualquier duda respecto de riesgos informáticos en la información. En el momento en que cualquier persona tenga dudas sobre los datos que transmite la Registraduría, solo tiene que revisar las actas electorales y
de ahí la garantía en la forma como está definido el proceso electoral en Colombia”.
De igual manera, dio a conocer algunas acciones que se implementarán para garantizar la integridad de las elecciones de 2026: la publicación de todas las actas electorales (formularios E-14) de cada una de las mesas de votación, las auditorías externas para hacer seguimiento no solo a las diferentes etapas del proceso electoral, sino a todos los sistemas de información; la observación electoral nacional
e internacional, con el fin de garantizar que las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año cuenten con acompañamiento y vigilancia; y la implementación de la autenticación biométrica facial, además de la dactilar, para
validar la plena identidad de los electores y evitar casos de suplantación.
Por su parte, el comisionado de la CRC, Sadi Contreras Fuset, afirmó que “es fundamental analizar y discutir los temas relativos al pluralismo informativo y la integridad de la información en una época compleja como es la época electoral, así como el compromiso de cada uno de los operadores de televisión, medios de comunicación y generadores de contenido pues desde nuestra labor diaria somos los mayores protectores y garantes de la integridad de la información”.
Finalmente, el Registrador Nacional sostuvo que iniciativas como esta alianza interinstitucional buscan contribuir a que la ciudadanía y los medios de comunicación del país estén muy bien informados y conozcan cómo funciona el proceso electoral en Colombia para garantizar la integridad del mismo.
Noticias Nacionales
Al servicio de la ciudadanía nuevo sitio web del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB)

En este espacio se encontrará información sobre bienes disponibles para venta o arrendamiento, requisitos para participar en subastas y convocatorias, entre otros.
Como un avance hacia la modernización y la transparencia institucional, la Fiscalía General de la Nación puso a disposición de la ciudadanía la página web del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB).
Este nuevo espacio digital permitirá a la ciudadanía acceder fácilmente a información clave sobre:
· Los bienes disponibles para venta o arrendamiento.
· Los procesos, requisitos y modalidades para participar en subastas o convocatorias.
· El Registro Público Nacional de Bienes, herramienta que garantiza trazabilidad, transparencia y control ciudadano.
Actualmente, el FEAB administra más de 60.000 bienes, entre los que se incluyen automotores, bicicletas, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, joyas, apartamentos, casas, lotes, fincas. empresas y activos digitales.
Estos bienes han sido decretados con medida cautelar con fines de comiso o en comiso definitivo a favor del FEAB, en el marco de investigaciones penales.
Estos bienes están jurídica y administrativamente disponibles, adicionalmente libres de gravámenes.
Los recursos recaudados se destinan exclusivamente al fortalecimiento de la política criminal, al acceso a la administración de justicia y a los proyectos estratégicos de inversión de la Fiscalía.
Para comparar o arrendar un bien del FEAB, solo debe ingresar al enlace
https://feab.fiscalia.gov.co/feab/ y enviar un correo a feab.fgn@fiscalia.gov.co solicitando información sobre el bien de su interés y seguir las instrucciones.
Es importante resaltar que no podrán rentar ni comprar bienes las personas que tengan conflictos de interés, incluidos los funcionarios públicos, los contratistas que trabajen para el FEAB y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Además, esta restricción aplica también para cualquier persona natural o jurídica, colombiana o extranjera, que se encuentre incursa en causales de inhabilidad.
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