Noticias Nacionales
1310 casos de violencia contra las mujeres en los dos primeros meses de este año
Las barreras que siguen enfrentando en la atención de la violencia basada en género terminan constituyéndose en violencia institucional. Una barrera que preocupa a la entidad de derechos humanos es la relacionada con el vencimiento de términos, particularmente en casos de feminicidio.
La escasa implementación de servicios de casas refugio, casas albergue, entre otros, se configura en una de las principales barreras que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas con riesgo feminicida, lo que las deja desprotegidas y en muchos casos deban regresar con el agresor.
Para el Defensor del Pueblo, es primordial el fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que toda la institucionalidad rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en el país.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, presentó este jueves un balance sobre las barreras que continúan enfrentando las mujeres en la atención de la violencia basada en género, aspecto que preocupa, toda vez que terminan constituyéndose en violencia institucional, al tiempo que entregó cifras recientes de agresiones de las que vienen siendo víctimas.
“La violencia que enfrentan las mujeres en el país sigue siendo altamente preocupante. Tan solo en los dos primeros meses del año tuvimos conocimiento de 1310 casos, de los cuales 59 corresponden a mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio y nueve, a mujeres víctimas de feminicidio y en cuyos casos acompañamos a sus familias”, expresó el Defensor del Pueblo durante su intervención en el ‘Congreso Internacional de Derechos Humanos: Género y Enfoque Diferencial’, organizado por la Procuraduría General de la Nación y llevado a cabo en Barranquilla.
Una barrera central, principalmente en casos de feminicidio, es el vencimiento de términos, que genera la libertad de incluso agresores capturados en flagrancia o que se entregaron a las autoridades. “Motivo por el que desde nuestra Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género hacemos un trabajo importante de incidencia en esos casos, justamente para lograr interrumpir el vencimiento de términos y dar garantías judiciales a las víctimas”, aseguró Camargo Assis.
La escasa implementación de casas protectoras
El Defensor, así mismo, habló sobre la escasa implementación de servicios de casas refugio, casas albergue, servicios hoteleros o subsidios monetarios, lo cual constituye una de las principales barreras que enfrentan las mujeres, sobre todo aquellas con riesgo feminicida, situación que las deja desprotegidas y en muchos casos deban regresar con el agresor.
Conforme al monitoreo de la entidad de derechos humanos, identificó que, al cierre del 2023, en Colombia había en funcionamiento siete casas refugio en el nivel departamental con estrategia de atención integral, es decir, más del 60 % de departamentos del país carece de este tipo de estrategia necesaria después de más de diez años de expedición de la ley que las exige. En lo relacionado con las casas albergue o casas de acogida, están en funcionamiento 11 en todo el país.
Más Comisarías de Familia y un mayor enfoque de género
El Defensor del Pueblo también manifestó su preocupación sobre el “déficit” de Comisarías de Familia, que juegan un papel fundamental, “pues son la entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”. Agregó que hay ausencia de instalaciones dignas en cientos de comisarías en el país, y requieren ser fortalecidas.
Entre los varios retos que mencionó el Defensor, dejó claro que es relevante aterrizar el enfoque de género: “Porque a pesar del gran desarrollo normativo, no hemos podido establecer mecanismos eficientes para mitigar la violencia y evitar que escale”.
La respuesta al riesgo feminicida debe comprometer a toda la institucionalidad
Añadió que es importante gestionar la respuesta al riesgo feminicida, que involucra a toda la institucionalidad, y debe contemplar medidas para la autonomía económica, con el propósito de que las mujeres, sus hijos e hijas puedan romper la dependencia económica con el agresor y el ciclo de violencia.
“A pesar de toda la inversión en materia de prevención, las mujeres continúan enfrentándose a operadores judiciales y policivos que ponen en duda el relato de las víctimas, factor negativo que desincentiva la denuncia”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
Es importante señalar que los casos reportados por la Defensoría del Pueblo obedecen en su gran mayoría a víctimas directas e indirectas que han enfrentado múltiples revictimizaciones y que, en razón a la confianza depositada en la entidad, buscan el acompañamiento de la entidad.
“Como Defensoría, en el trabajo permanente que hacemos en los territorios, nos seguimos encontrando con servidores públicos que no conocen o no aplican la norma, que siguen permeados por estereotipos de género. Por eso el reto es mayor: debe haber un fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que la institucionalidad en su conjunto rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia”, remarcó Carlos Camargo Assis.
Noticias Nacionales
La Corte exhorta a que la Policía Nacional reconozca sin dilaciones las pensiones de sobrevivientes a hijos en condición de discapacidad
La Sala Segunda de Revisión estudió la acción de tutela de Felipe, una persona en condición de discapacidad visual desde que contaba 27 años de edad y quien, tras el fallecimiento de su padre, solicitó la sustitución pensional, sin que la Policía Nacional accediera a su otorgamiento, por considerar que carecía de las pruebas para demostrar su condición de invalidez, entre ellas el dictamen de la Junta Médica de esa institución, y por entender que no era posible realizársela por no ser beneficiario de esta.
Felipe consideró que las accionadas vulneraban sus derechos al impedirle acceder efectivamente a dicha calificación, pese a que contaba con un dictamen de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo que le impedía el disfrute de la pensión que en vida le fue otorgada a su padre, quien velaba por su apoyo económico y emocional. En su criterio, las barreras administrativas que le fueron impuestas lesionaban injustamente sus garantías constitucionales, entre ellas al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social.
La Sala Segunda de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, protegió los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de Felipe.
Al efecto recordó que el hijo inválido que reclame la sustitución de una pensión reconocida por la Policía Nacional sólo debe acreditar
- el parentesco con el causante
- la situación de invalidez anterior a la fecha del fallecimiento de aquel
- su dependencia económica
En criterio de la Sala, la Unidad Prestadora de Salud de la Policía Nacional no debió negarse a realizar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral a partir de las normas que regulan la calidad de beneficiarios del subsistema de salud, pues el subsistema pensional de los miembros de la Policía Nacional no impide que los eventuales beneficiarios de la sustitución pensional soliciten dicha calificación después de superar los 25 años.
También la Sala de Revisión consideró que el Grupo de Pensiones de la Policía Nacional no debió negarse al reconocimiento pensional y que le correspondía acoger el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación de invalidez, aportado por Felipe, pues los dictámenes de la Junta Médica de aquella institución no son una prueba solemne ni única para el efecto.
Además, la Sala de Revisión estimó que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban el parentesco entre Felipe y su padre, que la patología fue anterior a su muerte y que dependía económicamente de este. En consecuencia, la Corte le ordenó a una de las accionadas reconocer la sustitución pensional a favor de Felipe, incluyendo el pago del retroactivo, con la respectiva inclusión en nómina.
La Corte exhortó a la Policía Nacional a que, para los efectos de las solicitudes pensionales por parte de los posibles beneficiarios de prestaciones de sustitución que señala el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, tenga en cuenta la calificación de invalidez realizada con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan la determinación de dicho estado. Asimismo, le indicó que no puede rechazar una solicitud de valoración de pérdida de capacidad laboral bajo el argumento de que la fecha de estructuración de la invalidez debe ser anterior a los 25 años de edad del solicitante.
Sentencia T-451 de 2025
M.P. Juan Carlos Cortés González
En los últimos días, productores y ganaderos han recibido información sobre el registro en SINIGAN V6 y la fecha del 15 de enero. Desde el sistema, es importante aclarar con precisión qué representa esta fecha y por qué es fundamental actuar oportunamente.
Es importante señalar que, después del 15 de enero, los productores y transportadores podrán continuar registrándose en SINIGAN V6. No obstante, esta fecha marca el cierre de la etapa de registro prioritario, un periodo clave para garantizar que la información de los predios y los datos de vacunación migren de manera más rápida, ordenada y oportuna al nuevo sistema.
A partir del 15 de enero iniciará la etapa de validación de predios. Durante esta fase, los productores y ganaderos podrán consultar en el sistema cuáles son los predios que tienen cargados y asociados a su información, datos que alimentan directamente el ciclo de vacunación. Es importante precisar que únicamente en el caso de que un predio previamente registrado no aparezca reflejado en la plataforma, el productor deberá acercarse a la oficina más cercana del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para realizar la verificación correspondiente. Fuera de esta situación puntual, no es necesario acudir a las oficinas, ya que el proceso se gestiona directamente a través del sistema.
SINIGAN V6 representa un avance significativo en la gestión de la información ganadera del país. Esta nueva versión fue desarrollada para ofrecer una plataforma más intuitiva, ágil y eficiente, que simplifica los procesos administrativos y mejora la experiencia de los usuarios. Entre sus principales beneficios se destacan la actualización en tiempo real de la información de los predios, una mayor estabilidad del sistema y la optimización de los tiempos de respuesta en trámites clave para el sector.
Realizar el registro durante esta etapa prioritaria facilita los procesos posteriores, permite contar con información actualizada y contribuye a que los trámites se desarrollen con mayor agilidad y eficiencia, tanto para los usuarios como para las entidades responsables de la gestión sanitaria y productiva del país.
Por esta razón, se invita a los productores y ganaderos a realizar su registro en SINIGAN V6 lo antes posible. Hacerlo a tiempo no solo beneficia al productor de manera individual, sino que fortalece el funcionamiento del sistema en su conjunto, al garantizar datos confiables y procesos más fluidos para todos los actores del sector.
SINIGAN V6 fue diseñado para ser un sistema más fácil, más rápido y más eficiente, pensado para acompañar al sector agropecuario con herramientas que respondan a sus necesidades y aporten a una mejor gestión de la información ganadera en Colombia.
Ecopetrol entregó equipamiento para fortalecer la producción artesanal de lácteos en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul, beneficiando a 22 productores ganaderos que desarrollan esta actividad a escala familiar.
La dotación incluyó 330 elementos, entre ellos: baldes de ordeño, calderos, cantinas lecheras, coladores, utensilios en acero inoxidables y mesones de trabajo; los cuales permiten mejorar los procesos de transformación, higiene e inocuidad de los productos lácteos.
Para Wilmar Cuevas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Manoguía, el proyecto es una oportunidad de transformación productiva: “Hoy estamos contentos: la comunidad, los finqueros, este es un proyecto para mejorar la calidad de vida de la gente. Es como cambiar el chip petrolero por el sector agropecuario”.
Esta entrega hace parte del proyecto “Soluciones integrales ganaderas en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul del departamento de Casanare, como parte del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) de Ecopetrol 2021- 2022, convenio de exploración y producción de hidrocarburos Área Santiago de las Atalayas”, que contempla una inversión de $682 millones.
“El objetivo es fortalecer la producción ganadera familiar y generar valor agregado en el territorio, a través de acompañamiento técnico, formación y dotación adecuada”, señaló Jorge Martín Camargo, jefe Territorial Ambiental de Ecopetrol para Casanare.
El proyecto se ejecuta mediante un acuerdo de cooperación con la Asociación de Municipios del Meta (Asmeta) e incluye acompañamiento técnico, fortalecimiento de capacidades productivas, entrega de insumos, transferencia de conocimientos y mejora genética para incrementar la calidad y producción de leche en sistemas ganaderos familiares.
Con el avance de estas iniciativas, Ecopetrol reafirma su compromiso con el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades del área de influencia de sus operaciones.
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